La Sala de lo Contencioso-Administrativo examina cinco sesiones consecutivas para escuchar los recursos planteados por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones que demandan detener el procedimiento.
MADRID. — El Tribunal Supremo ha comenzado el trámite formal para resolver si procede paralizar de manera provisional el real decreto aprobado por el Gobierno que impulsa la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del máximo órgano judicial ha desarrollado una serie de cinco audiencias sucesivas para conocer los argumentos presentados por los recurrentes y la Abogacía del Estado.
Este procedimiento, iniciado en abril pasado, enfrenta una solicitud de suspensión cautelar promovida por cinco actores políticos y sociales: el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso; el partido Vox; y las organizaciones Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la Asociación Libertad y Justicia.
Te puede interesar
Fundamentos de la oposición al decreto
Los recursos admitidos coinciden en pedir la suspensión inmediata del proceso antes del vencimiento del plazo para presentar solicitudes, establecido para el 30 de junio próximo.
El Gobierno regional madrileño argumenta que la medida afecta significativamente la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos autonómicos, como la educación y la sanidad, debido a la falta de mecanismos financieros adicionales. Además, indican que el decreto podría vulnerar normativas europeas y comprometer la seguridad nacional. Vox califica la iniciativa como «inviable», mientras que otras asociaciones critican la reducción de los requisitos de arraigo y la flexibilización de condiciones administrativas.
Posición del Gobierno: defensa del interés público
Frente a estas solicitudes de suspensión, la Abogacía del Estado, actuando en representación del Gobierno central, pide al Tribunal Supremo que desestime las medidas cautelares alegando que paralizar el proceso perjudicaría gravemente el interés general y dejaría a miles de personas en una situación de irregularidad o vacío legal.
Los servicios jurídicos estatales sostienen que la regularización no saturará los servicios públicos, ya que los beneficiarios residían en España antes del 1 de enero de 2026 y ya tienen acceso a la sanidad y otros servicios garantizados por ley. Subrayan que esta medida permitirá el acceso pleno a derechos, incluido el laboral, favoreciendo la cotización y reduciendo la economía sumergida.
Próximos pasos en el ámbito judicial
Durante estas audiencias, el Tribunal Supremo no valorará el fondo del asunto, es decir, la legalidad completa del real decreto, sino únicamente si procede detener temporalmente su aplicación mientras se resuelve el litigio principal. Tras la conclusión de estas sesiones, se espera que los magistrados emitan su decisión sobre las medidas cautelares en los próximos días, cuando el proceso cumple un mes y se han recibido más de 200.000 solicitudes en las primeras dos semanas.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
