Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales reivindican la legitimidad de su función frente al tráfico de influencias y critican el estancamiento de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha provocado un impacto significativo en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales dedicados a las relaciones institucionales han respondido defendiendo la validez de su trabajo y reclamando con insistencia la aprobación de una normativa clara y rigurosa que regule sus actividades y mejore su reputación pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), su vicepresidenta, Irene Matías, ha señalado con claridad la diferencia entre la función legítima de representación y las conductas ilegales: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, este último definido como delito en el Código Penal, que implica pagos ocultos y el empleo inadecuado de una posición privilegiada; se trata de una práctica contraria a la representación legítima de intereses”, declaró a la Agencia EFE.
El efecto de los estereotipos asociados a las «puertas giratorias»
Casos con amplia cobertura mediática como la investigación contra Zapatero y antecedentes relacionados con investigaciones de sociedades fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro— reavivan periódicamente la sospecha general sobre el sector. Desde las entidades profesionales se lamenta que la percepción pública se base en la imagen del ex presidente o ex ministro que actúa en círculos de poder sin controles adecuados, dejando de lado que esta profesión en España cuenta con un alto nivel de cualificación, donde el 99% posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
Además, esta inquietud ha alcanzado la esfera política. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó la preocupación del parlamento al cuestionar dónde se establece el límite que diferencia el ejercicio legítimo de los grupos de interés de las conductas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley fundamental estancada en el Congreso
La principal petición del sector es la reactivación de la ley de transparencia y integridad para las actividades de los grupos de interés. Este proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras barreras parlamentarias, la propuesta ha permanecido paralizada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar acuerdos.
La normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se basa en tres ejes esenciales que el sector considera vitales para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial para que se inscriban todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Implementación de normas éticas y un régimen sancionador para su incumplimiento.
- Huella legislativa: Compromiso de publicar informes detallados que reflejen de manera transparente qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas se ajustan a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, desarrollado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 entidades españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para estas actividades continúa bloqueada, el debate también se centra en las limitaciones que presenta la actual Ley de Altos Cargos. Aunque impone un periodo de incompatibilidad de dos años tras la finalización del cargo, las autorizaciones frecuentemente concedidas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios ingresen en empresas privadas o consultoras públicas alimentan la discusión social y evidencian la necesidad de revisar las normas vigentes.
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MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha provocado un impacto significativo en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales dedicados a las relaciones institucionales han respondido defendiendo la validez de su trabajo y reclamando con insistencia la aprobación de una normativa clara y rigurosa que regule sus actividades y mejore su reputación pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), su vicepresidenta, Irene Matías, ha señalado con claridad la diferencia entre la función legítima de representación y las conductas ilegales: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, este último definido como delito en el Código Penal, que implica pagos ocultos y el empleo inadecuado de una posición privilegiada; se trata de una práctica contraria a la representación legítima de intereses”, declaró a la Agencia EFE.
El efecto de los estereotipos asociados a las «puertas giratorias»
Casos con amplia cobertura mediática como la investigación contra Zapatero y antecedentes relacionados con investigaciones de sociedades fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro— reavivan periódicamente la sospecha general sobre el sector. Desde las entidades profesionales se lamenta que la percepción pública se base en la imagen del ex presidente o ex ministro que actúa en círculos de poder sin controles adecuados, dejando de lado que esta profesión en España cuenta con un alto nivel de cualificación, donde el 99% posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
Además, esta inquietud ha alcanzado la esfera política. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó la preocupación del parlamento al cuestionar dónde se establece el límite que diferencia el ejercicio legítimo de los grupos de interés de las conductas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley fundamental estancada en el Congreso
La principal petición del sector es la reactivación de la ley de transparencia y integridad para las actividades de los grupos de interés. Este proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras barreras parlamentarias, la propuesta ha permanecido paralizada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar acuerdos.
La normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se basa en tres ejes esenciales que el sector considera vitales para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial para que se inscriban todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Implementación de normas éticas y un régimen sancionador para su incumplimiento.
- Huella legislativa: Compromiso de publicar informes detallados que reflejen de manera transparente qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas se ajustan a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, desarrollado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 entidades españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para estas actividades continúa bloqueada, el debate también se centra en las limitaciones que presenta la actual Ley de Altos Cargos. Aunque impone un periodo de incompatibilidad de dos años tras la finalización del cargo, las autorizaciones frecuentemente concedidas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios ingresen en empresas privadas o consultoras públicas alimentan la discusión social y evidencian la necesidad de revisar las normas vigentes.
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MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha provocado un impacto significativo en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales dedicados a las relaciones institucionales han respondido defendiendo la validez de su trabajo y reclamando con insistencia la aprobación de una normativa clara y rigurosa que regule sus actividades y mejore su reputación pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), su vicepresidenta, Irene Matías, ha señalado con claridad la diferencia entre la función legítima de representación y las conductas ilegales: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, este último definido como delito en el Código Penal, que implica pagos ocultos y el empleo inadecuado de una posición privilegiada; se trata de una práctica contraria a la representación legítima de intereses”, declaró a la Agencia EFE.
El efecto de los estereotipos asociados a las «puertas giratorias»
Casos con amplia cobertura mediática como la investigación contra Zapatero y antecedentes relacionados con investigaciones de sociedades fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro— reavivan periódicamente la sospecha general sobre el sector. Desde las entidades profesionales se lamenta que la percepción pública se base en la imagen del ex presidente o ex ministro que actúa en círculos de poder sin controles adecuados, dejando de lado que esta profesión en España cuenta con un alto nivel de cualificación, donde el 99% posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
Además, esta inquietud ha alcanzado la esfera política. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó la preocupación del parlamento al cuestionar dónde se establece el límite que diferencia el ejercicio legítimo de los grupos de interés de las conductas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley fundamental estancada en el Congreso
La principal petición del sector es la reactivación de la ley de transparencia y integridad para las actividades de los grupos de interés. Este proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras barreras parlamentarias, la propuesta ha permanecido paralizada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar acuerdos.
La normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se basa en tres ejes esenciales que el sector considera vitales para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial para que se inscriban todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Implementación de normas éticas y un régimen sancionador para su incumplimiento.
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España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas se ajustan a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, desarrollado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 entidades españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para estas actividades continúa bloqueada, el debate también se centra en las limitaciones que presenta la actual Ley de Altos Cargos. Aunque impone un periodo de incompatibilidad de dos años tras la finalización del cargo, las autorizaciones frecuentemente concedidas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios ingresen en empresas privadas o consultoras públicas alimentan la discusión social y evidencian la necesidad de revisar las normas vigentes.
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MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha provocado un impacto significativo en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales dedicados a las relaciones institucionales han respondido defendiendo la validez de su trabajo y reclamando con insistencia la aprobación de una normativa clara y rigurosa que regule sus actividades y mejore su reputación pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), su vicepresidenta, Irene Matías, ha señalado con claridad la diferencia entre la función legítima de representación y las conductas ilegales: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, este último definido como delito en el Código Penal, que implica pagos ocultos y el empleo inadecuado de una posición privilegiada; se trata de una práctica contraria a la representación legítima de intereses”, declaró a la Agencia EFE.
El efecto de los estereotipos asociados a las «puertas giratorias»
Casos con amplia cobertura mediática como la investigación contra Zapatero y antecedentes relacionados con investigaciones de sociedades fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro— reavivan periódicamente la sospecha general sobre el sector. Desde las entidades profesionales se lamenta que la percepción pública se base en la imagen del ex presidente o ex ministro que actúa en círculos de poder sin controles adecuados, dejando de lado que esta profesión en España cuenta con un alto nivel de cualificación, donde el 99% posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
Además, esta inquietud ha alcanzado la esfera política. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó la preocupación del parlamento al cuestionar dónde se establece el límite que diferencia el ejercicio legítimo de los grupos de interés de las conductas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley fundamental estancada en el Congreso
La principal petición del sector es la reactivación de la ley de transparencia y integridad para las actividades de los grupos de interés. Este proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras barreras parlamentarias, la propuesta ha permanecido paralizada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar acuerdos.
La normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se basa en tres ejes esenciales que el sector considera vitales para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial para que se inscriban todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Implementación de normas éticas y un régimen sancionador para su incumplimiento.
- Huella legislativa: Compromiso de publicar informes detallados que reflejen de manera transparente qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
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