Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los especialistas en relaciones institucionales reivindican la legitimidad de su trabajo frente al tráfico de influencias y lamentan la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación reciente del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el ‘caso Plus Ultra’ por supuestos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un nuevo impacto en el sector de los lobbies en España. Los expertos en relaciones institucionales han respondido defendiendo la legalidad de su trabajo y demandando, con renovada urgencia, la aprobación de una regulación clara que ordene rigurosamente sus actividades y mejore la percepción pública.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), ha establecido una separación clara entre la representación profesional y las conductas ilegales: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el delito de tráfico de influencias, tipificado en el Código Penal y que implica pagos no transparentes y el uso indebido de una posición de privilegio; esto es opuesto a la representación legítima de intereses”, declaró en una entrevista con la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos sobre las “puertas giratorias”
Casos de alta repercusión pública, como la investigación a Zapatero o las pesquisas anteriores a empresas fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, vinculada con el exministro Cristóbal Montoro—, tienden a reactivar de forma periódica la desconfianza hacia todo el sector. Desde las asociaciones profesionales señalan que la opinión pública suele simplificar la realidad asociando a expresidentes o exministros con la influencia sin control, lo que distorsiona una profesión que en España cuenta con un alto nivel formativo (el 99 % posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho).
La inquietud también trasciende en el ámbito político. Esta misma semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó en público sus dudas sobre cuál es el límite preciso que diferencia el legítimo trabajo de los grupos de interés de las conductas ilegales relacionadas con el tráfico de influencias.
Una ley esencial detenida en el Congreso
La principal demanda del sector consiste en reactivar la ley sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. A pesar de superar obstáculos iniciales en la Cámara Baja, la iniciativa permanece paralizada desde hace meses debido a la dificultad que tienen los partidos políticos para alcanzar los acuerdos necesarios.
El texto, que cuenta con más de cien enmiendas y cuya ponencia empezó a tramitarse en noviembre, se apoya en tres pilares que el sector considera esenciales para ofrecer seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Creación de un listado oficial donde deben inscribirse todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y establecimiento de un régimen sancionador para quienes no las cumplan.
- Huella legislativa: Requisito de publicar un informe detallado que refleje de forma transparente qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada norma.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas operan conforme a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al sector del lobby español como uno de los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica que regule estas actividades sigue estancada, la discusión también pone sobre la mesa las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque esta establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras finalizar el cargo, las autorizaciones recurrentes que concede la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios pasen a empresas privadas o consultoras de asuntos públicos continúan alimentando el debate social y la necesidad de revisar las normas que rigen estas transiciones.
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