Tras el fallo judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales defienden la validez de su trabajo frente al tráfico de influencias y expresan su preocupación por el estancamiento de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el contexto del ‘caso Plus Ultra’, bajo sospecha de delitos relacionados con tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado una fuerte reacción en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales del sector han reivindicado la legitimidad de su rol y vuelven a solicitar la pronta aprobación de una regulación clara que establezca normas rigurosas y mejore la percepción pública de su labor.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), subrayó la diferencia entre la función de representación y las conductas ilícitas: ‘‘Existe una distancia importante entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, que según el Código Penal implica pagos no transparentes y el uso indebido de una posición privilegiada; esto es completamente opuesto a la defensa legítima de intereses’’, afirmó en declaraciones a la Agencia EFE.
Te puede interesar
El efecto de los prejuicios sobre las «puertas giratorias»
Investigaciones mediáticas relevantes, como la relacionada con Zapatero o precedentes vinculados a despachos encabezados por ex altos cargos —como Equipo Económico, ligado al exministro Cristóbal Montoro—, suelen arrojar sombras de duda sobre todo el sector. Desde las instituciones representativas se lamenta que la opinión pública asocie estos casos con la imagen estereotipada del expresidente o exministro que actúa en ámbitos de poder sin supervisión, distorsionando una profesión que en España presenta un alto nivel formativo, con un 99% de profesionales con estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
Este malestar también se refleja en el ámbito político. Recientemente, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, manifestó preocupación en el Parlamento al cuestionar dónde se sitúa el límite entre la actuación legítima de los grupos de interés y las prácticas delictivas vinculadas al tráfico de influencias.
Una norma fundamental bloqueada en el Congreso
El sector reclama con insistencia la reactivación de la ley que regule la transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, cuyo borrador fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. A pesar de superar los primeros obstáculos parlamentarios, el proyecto permanece estancado en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar acuerdos.
Este reglamento, que cuenta con más de cien enmiendas y comenzó a discutirse en noviembre, se basa en tres elementos esenciales que el sector considera imprescindibles para su seguridad jurídica:
- Registro público obligatorio: Creación de un censo oficial en el que todos los grupos de interés deban inscribirse.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y establecimiento de sanciones para quienes las incumplan.
- Transparencia legislativa: Obligación de publicar un informe detallado que refleje qué colectivos o empresas han participado e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas operan conforme a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para regular estas actividades continúa paralizada, el debate también señala las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque esta establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras abandonar el cargo, las autorizaciones frecuentes otorgadas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que expresidentes se incorporen a empresas privadas o consultoras en asuntos públicos siguen generando debate público y la necesidad de revisar la normativa vigente.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
