Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales defienden la validez de su trabajo frente al uso indebido de influencias y expresan su preocupación por la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha provocado una nueva reacción en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales que se dedican a las relaciones institucionales insisten en la legitimidad de su actividad y solicitan de manera urgente una regulación clara que ordene su trabajo y mejore su imagen ante la sociedad.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), destacó en declaraciones a la Agencia EFE la diferencia entre la actividad legítima y conductas ilegales: «Existe una gran distancia entre un lobby y el delito de tráfico de influencias, que está definido en el Código Penal y se relaciona con pagos ocultos y el aprovechamiento indebido de una posición privilegiada; es algo que no tiene nada que ver con la representación lícita de intereses».
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El efecto de los estereotipos asociados a las «puertas giratorias»
Investigaciones mediáticas relevantes, como el caso de Zapatero o las pesquisas que han afectado a empresas fundadas por ex altos cargos —por ejemplo, Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro—, hacen que de forma recurrente se genere recelo hacia todo el sector. Desde las asociaciones profesionales se manifiesta el deseo de que la opinión pública no generalice con los estigmas relacionados con expresidentes o exministros que trabajan en ámbitos de poder sin supervisión, ya que la profesión en España cuenta con un nivel elevado de formación (el 99 % tiene estudios universitarios, mayoritariamente en Ciencias Políticas o Derecho).
Esta situación también ha ocasionado preocupaciones en el ámbito político. Recientemente, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, formuló públicamente la pregunta sobre cuál es el límite que diferencia la labor legítima de los grupos de interés de las conductas penales relacionadas con el tráfico de influencias.
Una legislación esencial estancada en el Congreso
El sector reclama principalmente la activación de la ley sobre transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno en el Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras etapas parlamentarias, el proceso permanece detenido durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los grupos políticos para alcanzar los acuerdos necesarios.
Dicha legislación, que ha recibido más de un centenar de enmiendas y cuya ponencia se inició en noviembre, se basa en tres ejes fundamentales considerados por el sector para garantizar la seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Creación de un listado oficial en el que se deban inscribir todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y un sistema sancionador para quienes las incumplan.
- Transparencia legislativa: Requisito de publicar un informe detallado que refleje de manera clara qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España como actor destacado en Bruselas
En ausencia de una regulación nacional, numerosas compañías y consultoras españolas operan conforme a los estándares de la Unión Europea. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de mil entidades españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la UE. Esto sitúa al lobbying español entre los más activos de Bruselas, superado solo por Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica continúa paralizada, el debate también pone en la agenda las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras dejar el cargo, las autorizaciones que regularmente concede la Oficina de Conflictos de Intereses para que exmandatarios pasen a empresas privadas o consultoras de asuntos públicos mantienen vigente la discusión social y la necesidad de redefinir la regulación vigente.
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