Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales reafirman la legitimidad de su trabajo frente al tráfico de influencias y lamentan la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un nuevo impacto en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales de las relaciones institucionales han respondido reivindicando la legitimidad de su labor y reiterando la necesidad urgente de una regulación clara que ordene rigurosamente sus actividades y mejore su reputación pública.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la vicepresidenta Irene Matías estableció una clara distinción entre la práctica legítima y las conductas ilícitas: «Existe una gran diferencia entre un lobby y el tráfico de influencias, que es un delito tipificado en el Código Penal y que implica pagos no transparentes y el aprovechamiento indebido de una posición privilegiada; esto resulta completamente opuesto a la representación legítima de intereses», afirmó en declaraciones a la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos sobre las «puertas giratorias»
Casos de alto perfil mediático, como la investigación a Zapatero o antecedentes relacionados con empresas fundadas por ex altos cargos, tales como Equipo Económico del exministro Cristóbal Montoro, reactivan periódicamente las sospechas sobre el sector. Las organizaciones profesionales expresan su preocupación porque la opinión pública asocia comúnmente la actividad con la imagen del expresidente o exministro operando en las esferas de poder sin supervisión, distorsionando así una profesión con un elevado nivel académico (el 99 % posee estudios universitarios, especialmente en Ciencias Políticas o Derecho).
El descontento también está presente en el ámbito político. Esta misma semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, manifestó la inquietud del parlamento al cuestionar dónde está el límite que separa el desempeño legítimo de los grupos de interés de las conductas delictivas relacionadas con el tráfico de influencias.
Una ley esencial estancada en el Congreso
La principal demanda del sector es la reactivación de la ley de transparencia y ética sobre las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado al Congreso por el Gobierno a finales de enero del año pasado. Aunque superó los primeros obstáculos parlamentarios, la iniciativa permanece detenida desde hace meses en la Cámara Baja, debido a la dificultad de los partidos políticos para alcanzar un acuerdo.
La normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se fundamenta en tres pilares que el sector considera claves para su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Creación de un censo oficial para inscribir a todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y establecimiento de un régimen sancionador para quienes las incumplan.
- Huella legislativa: Requisito de publicar un informe detallado que refleje de forma transparente qué colectivos o empresas han participado e influenciado la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
En ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas operan conforme a estándares europeos. El informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, indica que más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto posiciona al lobby español como uno de los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la legislación nacional permanece paralizada, el debate también se centra en las limitaciones de la Ley de Altos Cargos vigente. A pesar de que establece un periodo de incompatibilidad de dos años después del cese, las frecuentes autorizaciones de la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios trabajen en empresas privadas o consultoras públicas alimentan el debate social y la necesidad de revisar las normas existentes.
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