Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales defienden la validez de su actividad frente al tráfico de influencias y lamentan la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el contexto del ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un impacto en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales de esta área han respondido reivindicando la legitimidad de su trabajo y demandando con urgencia la aprobación de una legislación clara que regule estrictamente sus actividades y mejore la percepción pública.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), subrayó la diferencia entre el trabajo de representación y las acciones delictivas: «Existe una gran distancia entre un ‘lobby’ y el delito de tráfico de influencias, que el Código Penal tipifica e implica transacciones opacas y un uso irregular de una posición privilegiada; esta conducta es completamente contraria a la representación legítima de intereses», declaró a la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos sobre las «puertas giratorias»
Casos mediáticos como la investigación contra Zapatero o las pesquisas antecedentes hacia firmas vinculadas a ex altos cargos —como Equipo Económico, fundada por el exministro Cristóbal Montoro— generan periódicamente sospechas hacia todo el sector. Las organizaciones profesionales lamentan que la opinión pública asocie estos casos a la imagen del exmandatario o exministro que actúa en ámbitos de poder sin supervisión, deformando la profesión que en España cuenta con un alto nivel de formación —el 99 % posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho—.
Esta preocupación también ha llegado al ámbito político. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó su inquietud al preguntar públicamente cuál es el límite que distingue el ejercicio legítimo de la influencia de las prácticas ilegales de tráfico de influencias.
Una ley imprescindible bloqueada en el Congreso
El principal reclamo del sector es la reactivación de la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque avanzó inicialmente, la iniciativa permanece detenida en la Cámara Baja debido a las dificultades de los partidos para alcanzar los consensos necesarios.
El proyecto, que cuenta con más de un centenar de enmiendas y cuyo análisis comenzó en noviembre, se apoya en tres pilares esenciales para garantizar seguridad jurídica al sector:
- Registro público y obligatorio: Creación de un registro oficial donde deberán inscribirse todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Implantación de normas éticas y un sistema sancionador para quienes las infrinjan.
- Huella legislativa: Obligación de publicar un informe transparente que detalle qué colectivos o empresas han participado e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional específica, numerosas empresas y consultoras españolas actúan según estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley nacional sigue sin aprobarse, el debate también enfoca las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras dejar el cargo, las autorizaciones frecuentes de la Oficina de Conflicto de Intereses para que exdirigentes pasen a empresas privadas o consultoras continúan generando debate social y la necesidad de actualizar la regulación.
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