Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales respaldan la legitimidad de su labor frente al tráfico de influencias y lamentan la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias, participación en organización criminal y falsedad documental, ha provocado una nueva conmoción en el ámbito de los lobbies en España. Los especialistas en relaciones institucionales han respondido defendiendo la validez de su profesión y solicitando, nuevamente, la pronta aprobación de una legislación clara que regule estrictamente sus actividades y ayude a mejorar su reputación pública.
La vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Irene Matías, destacó una clara distinción entre la labor representativa y las conductas ilícitas: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el delito de tráfico de influencias, que está tipificado en el Código Penal y que implica pagos ocultos y el aprovechamiento indebido de una posición privilegiada; es algo completamente opuesto a la representación legítima de determinados intereses”, afirmó en declaraciones a la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos sobre las «puertas giratorias»
Investigaciones con amplia cobertura mediática como la relacionada con Zapatero, o precedentes de indagaciones a firmas creadas por exfuncionarios de alto nivel —por ejemplo, Equipo Económico, fundada por el exministro Cristóbal Montoro—, vuelven periódicamente a proyectar sospechas sobre todo el sector. Las organizaciones profesionales lamentan que la percepción pública se centre en el estereotipo del exmandatario o exministro que actúa en los ámbitos de poder sin supervisión alguna, distorsionando una profesión que en España está compuesta mayoritariamente por profesionales con una alta formación académica (el 99% posee estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho).
Este descontento también ha llegado al ámbito político. Recientemente, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó la preocupación del Parlamento al cuestionar públicamente cuál es el límite que separa el ejercicio legítimo de los grupos de presión de las prácticas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley esencial paralizada en el Congreso
Como principal respuesta, el sector reclama reactivar la ley de transparencia e integridad en las actividades de grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. A pesar de haber superado los primeros obstáculos legislativos, la iniciativa permanece estancada durante meses en la Cámara Baja debido a la dificultad de los partidos para alcanzar los consensos necesarios.
Dicha normativa, que acumula más de cien enmiendas y cuya ponencia se inició en noviembre, se fundamenta en tres pilares esenciales para brindar seguridad jurídica según el sector:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial donde deberán inscribirse todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y régimen sancionador para quienes las incumplan.
- Huella legislativa: Requisito de publicar un informe detallado que refleje de manera transparente qué colectivos o empresas han participado e influido en la elaboración de cada ley.
España, un actor destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas empresas y consultoras españolas actúan conforme a los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, realizado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 entidades españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto posiciona al sector del lobby español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la ley específica para regular esta actividad continúa paralizada, el debate también pone en evidencia las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque impone un periodo de incompatibilidad de dos años tras el cese, las autorizaciones frecuentes otorgadas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que ex altos cargos se incorporen a empresas privadas o consultoras de asuntos públicos siguen siendo motivo de debate público y refuerzan la necesidad de revisar las reglas existentes.
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