Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales apoyan la legitimidad de su actividad frente al tráfico de influencias y expresan su preocupación por la paralización de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la investigación del ‘caso Plus Ultra’, en la que se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un impacto en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales del sector han reivindicado la validez de su trabajo y han insistido en la necesidad urgente de establecer una regulación clara que regule rigurosamente sus actividades y mejore su reputación.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la vicepresidenta Irene Matías ha diferenciado claramente entre la actividad de lobby y los comportamientos ilícitos: “Existe una gran diferencia entre un ‘lobby’ y el tráfico de influencias, que es un delito recogido en el Código Penal y que implica pagos ocultos y la utilización irregular de una posición privilegiada; es totalmente incompatible con la representación legítima de intereses”, afirmó en declaraciones a la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos relacionados con las «puertas giratorias»
Investigaciones mediáticas de gran relevancia, como la que afecta a Zapatero, o casos previos que involucran a empresas fundadas por ex altos cargos —como Equipo Económico, creada por el exministro Cristóbal Montoro— generan periódicamente desconfianza hacia todo el sector. Las asociaciones profesionales lamentan que la opinión pública asocie esta actividad con la imagen del expresidente o exministro que opera en espacios de poder sin supervisión alguna, distorsionando una profesión altamente cualificada en España (el 99% cuenta con estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho).
La preocupación también ha llegado a la arena política. En días recientes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, puso en cuestión públicamente los límites que separan la labor legítima de los grupos de interés de las conductas ilícitas de tráfico de influencias.
Una ley importante detenida en el Congreso
La principal demanda del sector es que se reactive la ley de transparencia y ética en las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. A pesar de haber superado las primeras etapas parlamentarias, esta iniciativa permanece estancada en la Cámara Baja debido a las dificultades para alcanzar los acuerdos políticos requeridos.
La normativa, que cuenta con más de un centenar de enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, busca establecer tres aspectos esenciales para garantizar la seguridad jurídica del sector:
- Registro público y obligatorio: Implantación de un registro oficial donde se inscriban todos los grupos de interés.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y creación de un sistema sancionador para su incumplimiento.
- Transparencia legislativa: Obligación de publicar un informe detallado que especifique qué colectivos o entidades han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España, un participante destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación estatal, numerosas empresas y consultorías españolas cumplen con las normativas europeas. Según el estudio ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al lobby español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la normativa nacional específica permanece sin avances, el debate también se centra en las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Si bien impone un plazo de incompatibilidad de dos años tras el cese, las autorizaciones que concede regularmente la Oficina de Conflicto de Intereses para que ex altos cargos se incorporen a empresas privadas o consultoras continúan generando debate público y la necesidad de revisar las reglas del sector.
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