Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales reivindican la legitimidad de su trabajo frente al tráfico de influencias y expresan su preocupación por el estancamiento de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’, acusado de presuntos delitos como tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ha generado un impacto notable en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales del sector han manifestado la necesidad urgente de establecer una regulación clara que ordene sus actividades y ayude a preservar la credibilidad pública de su ejercicio profesional.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), enfatizó la diferencia entre el trabajo legítimo de los lobbies y el tráfico de influencias, señalando a la Agencia EFE: “Existe una distancia importante entre la actividad de un lobby y el delito de tráfico de influencias, que se caracteriza por pagos ilegales y la utilización indebida de privilegios; contrasta claramente con una representación legítima de intereses”.
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Impacto de los estereotipos relacionados con las «puertas giratorias»
Investigaciones de gran repercusión mediática, como el caso que involucra a Zapatero o las pesquisas anteriores a compañías fundadas por ex altos cargos, como el Equipo Económico del exministro Cristóbal Montoro, renuevan periódicamente la duda sobre todo el sector. Las asociaciones profesionales lamentan que la percepción pública se centre en estereotipos que presentan a expresidentes o exministros como actores sin supervisión dentro de los ámbitos de poder, distorsionando así una profesión que en España tiene un elevado nivel de cualificación, con el 99% de sus integrantes con estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho.
El malestar también trasciende al ámbito político. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó públicamente la preocupación sobre el punto preciso que delimita entre la labor legítima de los grupos de interés y las actividades delictivas vinculadas al tráfico de influencias.
Una legislación esencial en pausa en el Congreso
El sector reclama la reactivación de la ley de transparencia e integridad para regular las actividades de los grupos de interés, cuyo proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó etapas iniciales en la Cámara Baja, el avance se ha detenido durante meses debido a las dificultades entre los partidos políticos para alcanzar los acuerdos necesarios.
La normativa, que cuenta con más de un centenar de enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se fundamenta en tres principios que el sector considera esenciales para garantizar seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Implementación de un censo oficial para que todos los grupos de interés se inscriban obligatoriamente.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y establecimiento de sanciones para quienes no las respeten.
- Huella legislativa: Obligación de publicar informes detallados que reflejen de manera transparente qué colectivos o empresas han intervenido e influido en la elaboración de cada ley.
España, un referente activo en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, diversas empresas y consultoras españolas se rigen por los estándares europeos. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 organizaciones españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, situando al lobismo español como uno de los más dinámicos en Bruselas, por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras que la legislación específica para este ámbito permanece estancada, el debate también se centra en las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. A pesar de que establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras el cese, las autorizaciones frecuentes otorgadas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios se incorporen a empresas privadas o consultoras públicas continúan generando un debate social que subraya la urgencia de redefinir las normas vigentes.
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