Tras la resolución judicial en el ‘caso Plus Ultra’, los expertos en relaciones institucionales respaldan la legitimidad de su trabajo frente al tráfico de influencias y critican el estancamiento de la ley de transparencia.
MADRID – La imputación reciente del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación por el ‘caso Plus Ultra’, en la que se le atribuyen supuestos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsificación documental, ha generado un impacto significativo en el ámbito de los lobbies en España. Los profesionales del sector han respondido defendiendo la legitimidad de su función y reclamando nuevamente la pronta aprobación de una normativa precisa que regule estrictamente sus actividades y mejore la percepción pública.
Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), subrayó la diferencia esencial entre la representación profesional y las conductas ilegales: “Existe una clara distinción entre un lobby y el delito de tráfico de influencias, que está tipificado en el Código Penal y se caracteriza por pagos opacos y el uso indebido de una posición privilegiada; esta conducta es totalmente contraria a la defensa legítima de intereses”, manifestó en una entrevista con la Agencia EFE.
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El efecto de los estereotipos sobre las «puertas giratorias»
Casos mediáticos como la investigación a Zapatero o antecedentes relacionados con empresas fundadas por ex altos cargos —por ejemplo, Equipo Económico, creada por el exministro Cristóbal Montoro— generan periódicamente sospechas sobre todo el sector. Desde las organizaciones profesionales lamentan que la opinión pública mantenga la imagen del exmandatario o exministro actuando sin control en los círculos de poder, lo que distorsiona una profesión caracterizada en España por un alto nivel académico (el 99 % cuenta con estudios universitarios, especialmente en Ciencias Políticas o Derecho).
El malestar se extiende también al ámbito político. Esta semana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, expresó públicamente su preocupación al cuestionar dónde se establece el límite exacto que separa la actividad legítima de los grupos de interés de las prácticas ilegales de tráfico de influencias.
Una ley esencial bloqueada en el Congreso
La principal demanda del sector es retomar la tramitación de la ley de transparencia e integridad para los grupos de interés, cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno al Congreso a finales de enero del año pasado. Aunque superó las primeras fases parlamentarias, la iniciativa permanece paralizada en la Cámara Baja debido a la dificultad para alcanzar los consensos necesarios entre los diferentes grupos políticos.
El proyecto de ley, con más de un centenar de enmiendas y cuya ponencia comenzó en noviembre, se sustenta en tres pilares fundamentales que el sector considera esenciales para garantizar su seguridad jurídica:
- Registro público y obligatorio: Establecimiento de un censo oficial en el que todos los grupos de interés deban inscribirse.
- Código de conducta: Definición de normas éticas y un sistema sancionador para quienes las incumplan.
- Huella legislativa: Obligatoriedad de publicar un informe transparente que refleje qué colectivos o empresas han intervenido en la elaboración de cada ley.
España, un participante destacado en Bruselas
Ante la ausencia de una regulación nacional, numerosas compañías y consultoras españolas se rigen por las normativas europeas. Según el informe ‘Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025’, elaborado por APRI y la Universidad de Navarra, más de 1.000 entidades españolas están registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esto sitúa al sector del lobby español entre los más activos en Bruselas, solo superado por Bélgica, Alemania y Francia.
Mientras la legislación específica permanece sin avances, el debate también se centra en las limitaciones de la actual Ley de Altos Cargos. Aunque esta establece un periodo de incompatibilidad de dos años tras dejar el cargo, las autorizaciones frecuentes concedidas por la Oficina de Conflicto de Intereses para que exmandatarios ingresen en empresas privadas o consultoras de asuntos públicos siguen alimentando el debate público y evidenciando la necesidad de revisar y actualizar estas normas.
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