La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas vinculadas con el juez Juan Carlos Peinado ha generado una notable división entre las asociaciones de magistrados. Algunos colectivos opinan que esta actuación podría suponer una intromisión en la función jurisdiccional y comprometer la independencia judicial, mientras que otros defienden una respuesta más firme frente a resoluciones que consideran inapropiadas.
La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
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UNIRME GRATIS AL CANALLa decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas vinculadas con el juez Juan Carlos Peinado ha generado una notable división entre las asociaciones de magistrados. Algunos colectivos opinan que esta actuación podría suponer una intromisión en la función jurisdiccional y comprometer la independencia judicial, mientras que otros defienden una respuesta más firme frente a resoluciones que consideran inapropiadas.
La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas vinculadas con el juez Juan Carlos Peinado ha generado una notable división entre las asociaciones de magistrados. Algunos colectivos opinan que esta actuación podría suponer una intromisión en la función jurisdiccional y comprometer la independencia judicial, mientras que otros defienden una respuesta más firme frente a resoluciones que consideran inapropiadas.
La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
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La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
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Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
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El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
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“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
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Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
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Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
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La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
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Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas vinculadas con el juez Juan Carlos Peinado ha generado una notable división entre las asociaciones de magistrados. Algunos colectivos opinan que esta actuación podría suponer una intromisión en la función jurisdiccional y comprometer la independencia judicial, mientras que otros defienden una respuesta más firme frente a resoluciones que consideran inapropiadas.
La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
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La controversia surge tras la propuesta del CGPJ de iniciar un expediente disciplinario contra Peinado, quien instruye la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El motivo de las diligencias radica en unas manifestaciones hechas por el magistrado en el auto de apertura del juicio oral. Peinado afirmó que los agentes a cargo de la escolta presidencial podrían facilitar una posible fuga de Gómez, justificación para adoptar medidas cautelares.
El iniciador del procedimiento disciplinario había pedido inicialmente el archivo de la causa. Los vocales conservadores también apoyaron esta postura, pero la propuesta fue aprobada gracias al respaldo de los miembros progresistas y al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
La Asociación Francisco de Vitoria denuncia la fragmentación en bloques
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) entiende que la falta de consenso refleja la permanencia de una política de bloques dentro del órgano rector de los jueces.
El colectivo defiende que decisiones de esta importancia deberían tomarse por unanimidad y vuelve a solicitar que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.
Sin pronunciarse sobre la sanción a Peinado, la asociación recuerda que el marco jurídico ya contempla mecanismos para controlar posibles excesos en una resolución.
Considera que cualquier desacuerdo con las decisiones del instructor debe resolverse mediante recursos ante los tribunales competentes, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, y no por procedimientos disciplinarios ajenos a la jurisdicción.
“Cuando las decisiones judiciales dejan de revisarse por los tribunales y se someten a otros procedimientos, lo que está en juego no es un juez concreto, sino la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos”, afirma la asociación.
Los vocales conservadores apoyan el archivo
Los vocales conservadores del CGPJ expresaron una opinión similar en su voto particular. Consideraron que las manifestaciones analizadas no constituían falta disciplinaria y formaban parte de la fundamentación jurídica del magistrado.
Este sector del Consejo entiende que las discrepancias con el razonamiento de Peinado deben resolverse mediante los recursos judiciales previstos legalmente.
Además, señalaron que una intervención disciplinaria del CGPJ sobre el contenido de una resolución podría afectar los principios constitucionales de independencia judicial y la exclusividad de la función jurisdiccional.
Foro Judicial Independiente alerta de intromisión
Foro Judicial Independiente (FJI) tampoco comparte las expresiones de Peinado, aunque cuestiona el procedimiento del Consejo para valorar una posible sanción.
La asociación considera que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial citado inicialmente se refiere a actuaciones de un juez fuera de sus resoluciones. Cuando las expresiones se encuentran en un auto o sentencia, sostiene que la acción disciplinaria debería proceder del tribunal que resuelve el recurso.
FJI opina que el CGPJ ha intervenido en los razonamientos jurídicos del magistrado, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, critica que el pleno se convocara de urgencia un domingo tras declaraciones públicas de un miembro del Gobierno. Para ellos, esta secuencia genera una “imagen de sometimiento al poder político”.
Jueces para la Democracia cuestiona la actuación de Peinado
La contraparte la representa Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que interpreta la división del Consejo como reflejo de falta de sensibilidad frente a actuaciones judiciales que consideran “extrañas”.
La asociación defiende que la labor jurisdiccional debe regirse por rigor, legalidad y respeto a las decisiones de órganos superiores.
Critican especialmente a Peinado por su actuación en relación con las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid y por no entregar el pasaporte de Begoña Gómez a su defensa procesal.
Este caso pone de nuevo en primer plano el debate sobre los límites entre la potestad disciplinaria del CGPJ y la libertad de los jueces para fundamentar sus resoluciones. Mientras algunas asociaciones advierten de una posible injerencia, otras consideran necesario actuar frente a decisiones que puedan dañar la imagen de la Justicia.
