El futuro del conocido como “monumento a Franco” de Santa Cruz de Tenerife vuelve a enfrentar al Ayuntamiento y al Gobierno central. Mientras el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha propuesto estudiar su inclusión en el catálogo de elementos protegidos por sus supuestos valores artísticos y urbanos, el Ministerio de Memoria Democrática mantiene la orden para retirarlo del espacio público.
El conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, ha sido objeto de un prolongado debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que hay motivos suficientes para valorar su conservación, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que la apertura de este procedimiento no suspende el plazo otorgado para su eliminación.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha decidido evaluar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido que esta acción genera una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier intervención hasta la conclusión del expediente.
“Existen suficientes valores artísticos acreditados para que pueda mantenerse”, indicó el alcalde, quien considera que la orden de retirada dictada por el Ministerio debería suspenderse mientras se resuelve el trámite municipal.
El Ayuntamiento pretende otorgar al monumento un nivel de protección integral debido a su monumentalidad, su contribución al entorno urbano y sus valores artísticos. Este proceso administrativo podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez advirtió que, si el Gobierno central continúa con la retirada sin esperar la conclusión del expediente, el conflicto se resolverá en los tribunales. El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno asegura que la protección no detiene la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó la interpretación del Ayuntamiento. Según Torres, la propuesta municipal “no paraliza absolutamente nada” y no modifica el plazo de seis meses concedido para retirar la escultura.
El ministro calificó esta decisión como otra maniobra para aplazar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. “Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, declaró.
Bermúdez, por su parte, criticó a Torres por no haber impulsado ninguna acción sobre el monumento durante los cuatro años en los que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde sostiene que la propia resolución ministerial reconoce que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras patrimoniales de ámbito municipal.
El Ayuntamiento propone conservarlo redefiniendo su significado
El Gobierno municipal defiende que la Ley de Memoria Democrática no exige la retirada automática de todos los elementos vinculados a la dictadura. Según su interpretación, algunos pueden permanecer cuando posean valores artísticos o patrimoniales, siempre que se reinterpreten y contextualicen conforme a los principios democráticos.
Bermúdez comparó esta alternativa con el proceso aplicado en el antiguo Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio permanece accesible bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde también aseguró que las administraciones presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, han mostrado su apoyo para analizar la protección del monumento.
La máxima categoría de protección, la declaración como Bien de Interés Cultural, fue rechazada anteriormente por el área de Patrimonio del Gobierno autonómico. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que aún puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, un argumento más de sus defensores
Los partidarios de su conservación recuerdan que el monumento fue costeado parcialmente mediante una suscripción popular.
La información disponible indica que más de 80.000 personas aportaron fondos para su construcción. Si se compara esa cifra con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, alrededor del 14,9 % de la población provincial habría contribuido económicamente, aproximadamente uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado por los defensores de la protección para justificar su arraigo histórico, aunque no elimina el debate respecto a su relación con la dictadura franquista y su permanencia en el espacio público.
Las asociaciones mantienen posturas encontradas
La Asociación San Miguel Arcángel, que apoya la declaración del monumento como BIC, considera que éste posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para su conservación.
Dicha entidad argumenta que la obra no presenta elementos que infrinjan directamente la Ley de Memoria Democrática y critica que el debate jurídico se haya transformado en una confrontación ideológica. También presentó un recurso de alzada y sostiene que la escultura permanece protegida mientras no finalice el procedimiento administrativo.
En contraste, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de “escándalo” los intentos del Ayuntamiento por impedir la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección representa una falta de respeto hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
La asociación acusa al Gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar justificaciones para conservar el monumento y de actuar bajo la influencia de las posturas de Vox.
El conflicto queda pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento insiste en los valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central defiende que se trata de un vestigio franquista que debe ser retirado del espacio público.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl futuro del conocido como “monumento a Franco” de Santa Cruz de Tenerife vuelve a enfrentar al Ayuntamiento y al Gobierno central. Mientras el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha propuesto estudiar su inclusión en el catálogo de elementos protegidos por sus supuestos valores artísticos y urbanos, el Ministerio de Memoria Democrática mantiene la orden para retirarlo del espacio público.
El conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, ha sido objeto de un prolongado debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que hay motivos suficientes para valorar su conservación, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que la apertura de este procedimiento no suspende el plazo otorgado para su eliminación.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha decidido evaluar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido que esta acción genera una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier intervención hasta la conclusión del expediente.
“Existen suficientes valores artísticos acreditados para que pueda mantenerse”, indicó el alcalde, quien considera que la orden de retirada dictada por el Ministerio debería suspenderse mientras se resuelve el trámite municipal.
El Ayuntamiento pretende otorgar al monumento un nivel de protección integral debido a su monumentalidad, su contribución al entorno urbano y sus valores artísticos. Este proceso administrativo podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez advirtió que, si el Gobierno central continúa con la retirada sin esperar la conclusión del expediente, el conflicto se resolverá en los tribunales. El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno asegura que la protección no detiene la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó la interpretación del Ayuntamiento. Según Torres, la propuesta municipal “no paraliza absolutamente nada” y no modifica el plazo de seis meses concedido para retirar la escultura.
El ministro calificó esta decisión como otra maniobra para aplazar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. “Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, declaró.
Bermúdez, por su parte, criticó a Torres por no haber impulsado ninguna acción sobre el monumento durante los cuatro años en los que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde sostiene que la propia resolución ministerial reconoce que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras patrimoniales de ámbito municipal.
El Ayuntamiento propone conservarlo redefiniendo su significado
El Gobierno municipal defiende que la Ley de Memoria Democrática no exige la retirada automática de todos los elementos vinculados a la dictadura. Según su interpretación, algunos pueden permanecer cuando posean valores artísticos o patrimoniales, siempre que se reinterpreten y contextualicen conforme a los principios democráticos.
Bermúdez comparó esta alternativa con el proceso aplicado en el antiguo Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio permanece accesible bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde también aseguró que las administraciones presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, han mostrado su apoyo para analizar la protección del monumento.
La máxima categoría de protección, la declaración como Bien de Interés Cultural, fue rechazada anteriormente por el área de Patrimonio del Gobierno autonómico. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que aún puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, un argumento más de sus defensores
Los partidarios de su conservación recuerdan que el monumento fue costeado parcialmente mediante una suscripción popular.
La información disponible indica que más de 80.000 personas aportaron fondos para su construcción. Si se compara esa cifra con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, alrededor del 14,9 % de la población provincial habría contribuido económicamente, aproximadamente uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado por los defensores de la protección para justificar su arraigo histórico, aunque no elimina el debate respecto a su relación con la dictadura franquista y su permanencia en el espacio público.
Las asociaciones mantienen posturas encontradas
La Asociación San Miguel Arcángel, que apoya la declaración del monumento como BIC, considera que éste posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para su conservación.
Dicha entidad argumenta que la obra no presenta elementos que infrinjan directamente la Ley de Memoria Democrática y critica que el debate jurídico se haya transformado en una confrontación ideológica. También presentó un recurso de alzada y sostiene que la escultura permanece protegida mientras no finalice el procedimiento administrativo.
En contraste, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de “escándalo” los intentos del Ayuntamiento por impedir la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección representa una falta de respeto hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
La asociación acusa al Gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar justificaciones para conservar el monumento y de actuar bajo la influencia de las posturas de Vox.
El conflicto queda pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento insiste en los valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central defiende que se trata de un vestigio franquista que debe ser retirado del espacio público.
El futuro del conocido como “monumento a Franco” de Santa Cruz de Tenerife vuelve a enfrentar al Ayuntamiento y al Gobierno central. Mientras el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha propuesto estudiar su inclusión en el catálogo de elementos protegidos por sus supuestos valores artísticos y urbanos, el Ministerio de Memoria Democrática mantiene la orden para retirarlo del espacio público.
El conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, ha sido objeto de un prolongado debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que hay motivos suficientes para valorar su conservación, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que la apertura de este procedimiento no suspende el plazo otorgado para su eliminación.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha decidido evaluar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido que esta acción genera una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier intervención hasta la conclusión del expediente.
“Existen suficientes valores artísticos acreditados para que pueda mantenerse”, indicó el alcalde, quien considera que la orden de retirada dictada por el Ministerio debería suspenderse mientras se resuelve el trámite municipal.
El Ayuntamiento pretende otorgar al monumento un nivel de protección integral debido a su monumentalidad, su contribución al entorno urbano y sus valores artísticos. Este proceso administrativo podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez advirtió que, si el Gobierno central continúa con la retirada sin esperar la conclusión del expediente, el conflicto se resolverá en los tribunales. El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno asegura que la protección no detiene la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó la interpretación del Ayuntamiento. Según Torres, la propuesta municipal “no paraliza absolutamente nada” y no modifica el plazo de seis meses concedido para retirar la escultura.
El ministro calificó esta decisión como otra maniobra para aplazar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. “Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, declaró.
Bermúdez, por su parte, criticó a Torres por no haber impulsado ninguna acción sobre el monumento durante los cuatro años en los que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde sostiene que la propia resolución ministerial reconoce que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras patrimoniales de ámbito municipal.
El Ayuntamiento propone conservarlo redefiniendo su significado
El Gobierno municipal defiende que la Ley de Memoria Democrática no exige la retirada automática de todos los elementos vinculados a la dictadura. Según su interpretación, algunos pueden permanecer cuando posean valores artísticos o patrimoniales, siempre que se reinterpreten y contextualicen conforme a los principios democráticos.
Bermúdez comparó esta alternativa con el proceso aplicado en el antiguo Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio permanece accesible bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde también aseguró que las administraciones presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, han mostrado su apoyo para analizar la protección del monumento.
La máxima categoría de protección, la declaración como Bien de Interés Cultural, fue rechazada anteriormente por el área de Patrimonio del Gobierno autonómico. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que aún puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, un argumento más de sus defensores
Los partidarios de su conservación recuerdan que el monumento fue costeado parcialmente mediante una suscripción popular.
La información disponible indica que más de 80.000 personas aportaron fondos para su construcción. Si se compara esa cifra con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, alrededor del 14,9 % de la población provincial habría contribuido económicamente, aproximadamente uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado por los defensores de la protección para justificar su arraigo histórico, aunque no elimina el debate respecto a su relación con la dictadura franquista y su permanencia en el espacio público.
Las asociaciones mantienen posturas encontradas
La Asociación San Miguel Arcángel, que apoya la declaración del monumento como BIC, considera que éste posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para su conservación.
Dicha entidad argumenta que la obra no presenta elementos que infrinjan directamente la Ley de Memoria Democrática y critica que el debate jurídico se haya transformado en una confrontación ideológica. También presentó un recurso de alzada y sostiene que la escultura permanece protegida mientras no finalice el procedimiento administrativo.
En contraste, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de “escándalo” los intentos del Ayuntamiento por impedir la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección representa una falta de respeto hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
La asociación acusa al Gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar justificaciones para conservar el monumento y de actuar bajo la influencia de las posturas de Vox.
El conflicto queda pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento insiste en los valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central defiende que se trata de un vestigio franquista que debe ser retirado del espacio público.
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El conjunto escultórico, obra de Juan de Ávalos, ha sido objeto de un prolongado debate político, jurídico y patrimonial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que hay motivos suficientes para valorar su conservación, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que la apertura de este procedimiento no suspende el plazo otorgado para su eliminación.
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha decidido evaluar la incorporación de la escultura al catálogo municipal de protección. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido que esta acción genera una “expectativa de protección” que debería impedir cualquier intervención hasta la conclusión del expediente.
“Existen suficientes valores artísticos acreditados para que pueda mantenerse”, indicó el alcalde, quien considera que la orden de retirada dictada por el Ministerio debería suspenderse mientras se resuelve el trámite municipal.
El Ayuntamiento pretende otorgar al monumento un nivel de protección integral debido a su monumentalidad, su contribución al entorno urbano y sus valores artísticos. Este proceso administrativo podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Bermúdez advirtió que, si el Gobierno central continúa con la retirada sin esperar la conclusión del expediente, el conflicto se resolverá en los tribunales. El Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Memoria Democrática.
El Gobierno asegura que la protección no detiene la retirada
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazó la interpretación del Ayuntamiento. Según Torres, la propuesta municipal “no paraliza absolutamente nada” y no modifica el plazo de seis meses concedido para retirar la escultura.
El ministro calificó esta decisión como otra maniobra para aplazar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. “Estamos ante una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada”, declaró.
Bermúdez, por su parte, criticó a Torres por no haber impulsado ninguna acción sobre el monumento durante los cuatro años en los que fue presidente del Gobierno de Canarias.
El alcalde sostiene que la propia resolución ministerial reconoce que la negativa a declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC) no impide que pueda protegerse mediante otras figuras patrimoniales de ámbito municipal.
El Ayuntamiento propone conservarlo redefiniendo su significado
El Gobierno municipal defiende que la Ley de Memoria Democrática no exige la retirada automática de todos los elementos vinculados a la dictadura. Según su interpretación, algunos pueden permanecer cuando posean valores artísticos o patrimoniales, siempre que se reinterpreten y contextualicen conforme a los principios democráticos.
Bermúdez comparó esta alternativa con el proceso aplicado en el antiguo Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, donde el espacio permanece accesible bajo un nuevo marco legal y explicativo.
El alcalde también aseguró que las administraciones presentes en el Consejo Municipal de Patrimonio, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, han mostrado su apoyo para analizar la protección del monumento.
La máxima categoría de protección, la declaración como Bien de Interés Cultural, fue rechazada anteriormente por el área de Patrimonio del Gobierno autonómico. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que aún puede incluirlo en su catálogo local.
La financiación popular, un argumento más de sus defensores
Los partidarios de su conservación recuerdan que el monumento fue costeado parcialmente mediante una suscripción popular.
La información disponible indica que más de 80.000 personas aportaron fondos para su construcción. Si se compara esa cifra con los 537.304 habitantes que tenía la provincia de Santa Cruz de Tenerife en julio de 1965, alrededor del 14,9 % de la población provincial habría contribuido económicamente, aproximadamente uno de cada siete habitantes.
Este dato es utilizado por los defensores de la protección para justificar su arraigo histórico, aunque no elimina el debate respecto a su relación con la dictadura franquista y su permanencia en el espacio público.
Las asociaciones mantienen posturas encontradas
La Asociación San Miguel Arcángel, que apoya la declaración del monumento como BIC, considera que éste posee valores históricos, artísticos y patrimoniales suficientes para su conservación.
Dicha entidad argumenta que la obra no presenta elementos que infrinjan directamente la Ley de Memoria Democrática y critica que el debate jurídico se haya transformado en una confrontación ideológica. También presentó un recurso de alzada y sostiene que la escultura permanece protegida mientras no finalice el procedimiento administrativo.
En contraste, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha calificado de “escándalo” los intentos del Ayuntamiento por impedir la retirada.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, considera que la protección representa una falta de respeto hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
La asociación acusa al Gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de buscar justificaciones para conservar el monumento y de actuar bajo la influencia de las posturas de Vox.
El conflicto queda pendiente de la resolución de los recursos y del procedimiento municipal de protección. Mientras el Ayuntamiento insiste en los valores artísticos y patrimoniales, el Gobierno central defiende que se trata de un vestigio franquista que debe ser retirado del espacio público.
