Comisiones Obreras y UGT han solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que agilice la incorporación a la legislación española del convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo destinado a proteger a quienes laboran a través de plataformas digitales. Los sindicatos respaldan su candidatura para presidir la OIT, pero demandan un último impulso regulatorio antes de su paso a la escena internacional.
Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
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UNIRME GRATIS AL CANALComisiones Obreras y UGT han solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que agilice la incorporación a la legislación española del convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo destinado a proteger a quienes laboran a través de plataformas digitales. Los sindicatos respaldan su candidatura para presidir la OIT, pero demandan un último impulso regulatorio antes de su paso a la escena internacional.
Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
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Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
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Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
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CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
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El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
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Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
Comisiones Obreras y UGT han solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que agilice la incorporación a la legislación española del convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo destinado a proteger a quienes laboran a través de plataformas digitales. Los sindicatos respaldan su candidatura para presidir la OIT, pero demandan un último impulso regulatorio antes de su paso a la escena internacional.
Las principales centrales sindicales del país desean que España sea pionera en integrar en su normativa el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio, que fija garantías laborales para el trabajo en plataformas digitales y busca mitigar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la gestión del empleo.
CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
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CCOO y UGT han expresado esta solicitud directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que piden que el Gobierno tome cuanto antes la iniciativa para iniciar la ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio brinda una oportunidad para que España retome el liderazgo en la regulación del empleo digital.
Estos sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, pretenden que la ministra concluya primero una de las reformas más significativas de su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que finalice la legislatura.
La ministra calificó el acuerdo alcanzado en Ginebra como un «día histórico». Díaz defendió que el avance tecnológico debe ir acompañado del trabajo digno y valoró la labor de la delegación española para superar las objeciones planteadas por representantes empresariales.
El convenio incluye garantías en materia de seguridad y salud laboral, acceso de los trabajadores a la información sobre sistemas digitales y protección contra decisiones automatizadas que puedan influir en sus condiciones laborales.
Uno de sus aspectos clave es el control de los algoritmos que utilizan las grandes plataformas para asignar tareas, establecer horarios, evaluar el desempeño o tomar decisiones que podrían afectar la continuidad laboral del trabajador.
CCOO considera que es la primera norma internacional vinculante que se ocupa directamente de los derechos individuales y colectivos de los empleados frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto es fundamental porque los algoritmos constituyen el centro del modelo de negocio de muchas plataformas, ya que pueden determinar quién recibe un pedido, cuánto se le paga, qué ruta debe seguir o si mantiene su cuenta activa, en muchas ocasiones sin explicaciones claras.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que trabajan mediante aplicaciones o plataformas, sin importar la denominación contractual o la clasificación que otorgue la empresa a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del convenio no implica su aplicación automática. Cada país necesita incorporarlo a su ordenamiento legal para que tenga efectos en su territorio.
Por ello, las centrales desean que Díaz promueva la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede retomar el liderazgo en la regulación del empleo en plataformas, como sucedió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esta ley como muestra de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y exigió a las empresas que faciliten información sobre los algoritmos que impactan en sus condiciones laborales.
La ratificación del Convenio 193 sería además uno de los compromisos principales de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical es especialmente relevante, porque la elección de la dirección general de la OIT involucra a representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, advierten que la ministra debe actuar antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Quizás España sea el primer país del mundo en lograrlo”, plantea CCOO, que opina que la ratificación permitiría al país conservar el liderazgo en la regulación legal del trabajo en plataformas digitales.
La solicitud sindical plantea para Yolanda Díaz una decisión con alcance nacional e internacional: promover la nueva regulación antes de finalizar la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será un eje importante en su candidatura para dirigir la OIT.
