Una empleada del departamento contable de Red.es denunció ante la Policía que un superior le ordenó modificar y eliminar información vinculada a un contrato adjudicado a una unión temporal de empresas conformada por Innova Next, del Grupo Barrabés, y KPMG. Esta licitación está incluida en las adjudicaciones que investigan la UCO y la Fiscalía Europea por posibles irregularidades.
La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, concedido en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.
Dicha contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es que están siendo investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas participaron en procesos respaldados con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil examina si pudo haber actuaciones constitutivas de prevaricación para beneficiar ciertas ofertas. El hecho de que exista la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La trabajadora indica que le solicitaron no dejar evidencia
De acuerdo con la denuncia, el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, remitió a la contable un correo el 14 de julio solicitando que eliminara toda la información contable del expediente.
La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
Dos videollamadas para eliminar el correo de forma definitiva
La contable sostiene que el 16 de julio su superior le solicitó realizar una videollamada y compartir la pantalla de su ordenador.
Durante esa sesión, afirma que se le ordenó borrar de manera permanente el correo vinculado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable supervisaba el proceso.
Varias horas después, según su denuncia, tuvo lugar una segunda videollamada en la que se le pidió acceder a la carpeta de elementos eliminados y borrar otra vez el correo para impedir su recuperación.
La empleada explicó ante la Policía que siguió las indicaciones por provenir directamente de su superior jerárquico. Sin embargo, al sospechar que la acción podía ser irregular, recuperó el mensaje y tomó una captura de pantalla.
Entregó documentos originales y cerca de cincuenta facturas
Puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los periodos 2022 y 2023.
Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
La UCO examina las puntuaciones de las ofertas
Los informes incorporados a la pesquisa indican, según la información disponible, posibles maniobras internas en Red.es para favorecer ofertas relacionadas con Barrabés.
Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
La investigación deberá concluir si las modificaciones denunciadas por la contable estaban justificadas desde un punto de vista administrativo o si tenían como fin eliminar información relevante de uno de los contratos en análisis.
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UNIRME GRATIS AL CANALUna empleada del departamento contable de Red.es denunció ante la Policía que un superior le ordenó modificar y eliminar información vinculada a un contrato adjudicado a una unión temporal de empresas conformada por Innova Next, del Grupo Barrabés, y KPMG. Esta licitación está incluida en las adjudicaciones que investigan la UCO y la Fiscalía Europea por posibles irregularidades.
La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, concedido en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.
Dicha contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es que están siendo investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas participaron en procesos respaldados con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil examina si pudo haber actuaciones constitutivas de prevaricación para beneficiar ciertas ofertas. El hecho de que exista la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La trabajadora indica que le solicitaron no dejar evidencia
De acuerdo con la denuncia, el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, remitió a la contable un correo el 14 de julio solicitando que eliminara toda la información contable del expediente.
La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
Dos videollamadas para eliminar el correo de forma definitiva
La contable sostiene que el 16 de julio su superior le solicitó realizar una videollamada y compartir la pantalla de su ordenador.
Durante esa sesión, afirma que se le ordenó borrar de manera permanente el correo vinculado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable supervisaba el proceso.
Varias horas después, según su denuncia, tuvo lugar una segunda videollamada en la que se le pidió acceder a la carpeta de elementos eliminados y borrar otra vez el correo para impedir su recuperación.
La empleada explicó ante la Policía que siguió las indicaciones por provenir directamente de su superior jerárquico. Sin embargo, al sospechar que la acción podía ser irregular, recuperó el mensaje y tomó una captura de pantalla.
Entregó documentos originales y cerca de cincuenta facturas
Puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los periodos 2022 y 2023.
Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
La UCO examina las puntuaciones de las ofertas
Los informes incorporados a la pesquisa indican, según la información disponible, posibles maniobras internas en Red.es para favorecer ofertas relacionadas con Barrabés.
Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
La investigación deberá concluir si las modificaciones denunciadas por la contable estaban justificadas desde un punto de vista administrativo o si tenían como fin eliminar información relevante de uno de los contratos en análisis.
Una empleada del departamento contable de Red.es denunció ante la Policía que un superior le ordenó modificar y eliminar información vinculada a un contrato adjudicado a una unión temporal de empresas conformada por Innova Next, del Grupo Barrabés, y KPMG. Esta licitación está incluida en las adjudicaciones que investigan la UCO y la Fiscalía Europea por posibles irregularidades.
La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, concedido en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.
Dicha contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es que están siendo investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas participaron en procesos respaldados con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil examina si pudo haber actuaciones constitutivas de prevaricación para beneficiar ciertas ofertas. El hecho de que exista la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La trabajadora indica que le solicitaron no dejar evidencia
De acuerdo con la denuncia, el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, remitió a la contable un correo el 14 de julio solicitando que eliminara toda la información contable del expediente.
La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
Dos videollamadas para eliminar el correo de forma definitiva
La contable sostiene que el 16 de julio su superior le solicitó realizar una videollamada y compartir la pantalla de su ordenador.
Durante esa sesión, afirma que se le ordenó borrar de manera permanente el correo vinculado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable supervisaba el proceso.
Varias horas después, según su denuncia, tuvo lugar una segunda videollamada en la que se le pidió acceder a la carpeta de elementos eliminados y borrar otra vez el correo para impedir su recuperación.
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Entregó documentos originales y cerca de cincuenta facturas
Puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los periodos 2022 y 2023.
Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
La UCO examina las puntuaciones de las ofertas
Los informes incorporados a la pesquisa indican, según la información disponible, posibles maniobras internas en Red.es para favorecer ofertas relacionadas con Barrabés.
Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
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La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, concedido en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.
Dicha contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es que están siendo investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas participaron en procesos respaldados con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil examina si pudo haber actuaciones constitutivas de prevaricación para beneficiar ciertas ofertas. El hecho de que exista la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La trabajadora indica que le solicitaron no dejar evidencia
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La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
Dos videollamadas para eliminar el correo de forma definitiva
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La empleada explicó ante la Policía que siguió las indicaciones por provenir directamente de su superior jerárquico. Sin embargo, al sospechar que la acción podía ser irregular, recuperó el mensaje y tomó una captura de pantalla.
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Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
La UCO examina las puntuaciones de las ofertas
Los informes incorporados a la pesquisa indican, según la información disponible, posibles maniobras internas en Red.es para favorecer ofertas relacionadas con Barrabés.
Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
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Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
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La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
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La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
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Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
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Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
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Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
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Durante esa sesión, afirma que se le ordenó borrar de manera permanente el correo vinculado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable supervisaba el proceso.
Varias horas después, según su denuncia, tuvo lugar una segunda videollamada en la que se le pidió acceder a la carpeta de elementos eliminados y borrar otra vez el correo para impedir su recuperación.
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Puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los periodos 2022 y 2023.
Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
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Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
La investigación deberá concluir si las modificaciones denunciadas por la contable estaban justificadas desde un punto de vista administrativo o si tenían como fin eliminar información relevante de uno de los contratos en análisis.
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La denuncia fue presentada el 16 de julio por Claudia C., contable de la entidad pública, quien aportó a los investigadores documentos originales del expediente y copias del contenido previo a las modificaciones.
Según su testimonio, actuó después de considerar que las instrucciones recibidas podían ocultar una conducta irregular y con la intención de asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.
La orden se relacionaba con un expediente de 2021
Los hechos se centran en el expediente 044/20-ED, concedido en 2021 a la UTE formada por Innova Next y KPMG.
Dicha contratación es una de las tres adjudicaciones de Red.es que están siendo investigadas por las autoridades en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas participaron en procesos respaldados con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil examina si pudo haber actuaciones constitutivas de prevaricación para beneficiar ciertas ofertas. El hecho de que exista la investigación no implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La trabajadora indica que le solicitaron no dejar evidencia
De acuerdo con la denuncia, el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, remitió a la contable un correo el 14 de julio solicitando que eliminara toda la información contable del expediente.
La empleada manifiesta que hizo los cambios, pero antes envió un mensaje a su superior para dejar constancia de que iba a reclasificar ciertos asientos. En ese correo avisaba de que no sabía qué fechas nuevas debía ingresar, ya que las anotaciones correspondían a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.
Después, según su relato, recibió instrucciones de borrar ese mensaje y contestar únicamente con la expresión “YA ESTÁ”, sin hacer referencia al número del expediente.
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La contable sostiene que el 16 de julio su superior le solicitó realizar una videollamada y compartir la pantalla de su ordenador.
Durante esa sesión, afirma que se le ordenó borrar de manera permanente el correo vinculado con la modificación contable. La trabajadora eliminó el mensaje mientras su responsable supervisaba el proceso.
Varias horas después, según su denuncia, tuvo lugar una segunda videollamada en la que se le pidió acceder a la carpeta de elementos eliminados y borrar otra vez el correo para impedir su recuperación.
La empleada explicó ante la Policía que siguió las indicaciones por provenir directamente de su superior jerárquico. Sin embargo, al sospechar que la acción podía ser irregular, recuperó el mensaje y tomó una captura de pantalla.
Entregó documentos originales y cerca de cincuenta facturas
Puso a disposición de la Policía los archivos contables originales correspondientes a los periodos 2022 y 2023.
Además, aportó cerca de medio centenar de facturas relacionadas con pagos a la UTE KPMG Asesores, cuyo monto total asciende a unos 863.000 euros, según la documentación incluida en la denuncia.
El expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación tras haber estado inicialmente bajo la competencia del juez Juan Carlos Peinado. Las otras dos adjudicaciones vinculadas al caso ya se encontraban siendo evaluadas por esa entidad desde 2024.
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Los agentes revisan si las puntuaciones fueron alteradas de forma artificial o arbitraria. Entre las comunicaciones internas analizadas aparece la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que el proceso estaba siendo dirigido.
Barrabés declaró ante la Justicia que colaboró en el desarrollo de contenidos del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y que miembros de su equipo participaron como profesores asociados.
La investigación deberá concluir si las modificaciones denunciadas por la contable estaban justificadas desde un punto de vista administrativo o si tenían como fin eliminar información relevante de uno de los contratos en análisis.
