Un operativo de gran envergadura con 400 policías nacionales, helicópteros, drones y maquinaria pesada bloquea más de un millón de euros en activos vinculados a tres clanes familiares.
SANTANDER. — Una operación realizada por la Policía Nacional con la participación de más de 400 agentes de unidades de élite y centrales ha culminado con la detención de 33 personas y la desmantelación de una organización criminal compleja que operaba sin control en la comarca cántabra del Besaya. Además, se ha bloqueado preventivamente un patrimonio valorado en más de un millón de euros.
Este grupo delictivo se organizaba en torno a tres clanes familiares con fuerte arraigo local. Fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía indicaron que estos grupos mantenían a la población bajo presión constante y generaban un ambiente de inseguridad. En los últimos meses, la violencia interna y externa se intensificó, con episodios graves que incluyeron el uso de armas de fuego en disputas territoriales y vecinales.
Ante la creciente preocupación ciudadana, las autoridades judiciales y policiales aceleraron la fase de explotación de la investigación el miércoles pasado. El asalto simultáneo comenzó a las 5:00 horas, sorprendiendo las principales ubicaciones en los municipios de Torrelavega, Cartes y especialmente en el barrio de Barreda, en Torrelavega.
Despliegue de recursos especializados: drones, GEO y maquinaria pesada
La magnitud de la operación requirió la movilización de recursos sin precedentes en la región. Más de 400 miembros de la Policía Nacional, incluyendo al Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), así como expertos en subsuelo, guías caninos y el Servicio Aéreo, participaron activamente.
El empleo coordinado de helicópteros y drones de última tecnología permitió controlar los espacios aéreos y prevenir fugas por los tejados, mientras que se usaron palas excavadoras para derribar accesos reforzados y localizar compartimentos ocultos en las estructuras inspeccionadas.
Se realizaron 26 entradas y registros simultáneos. Durante las inspecciones, los agentes incautaron importantes cantidades de dinero en efectivo (más de 10.000 euros), estupefacientes dispuestos para la venta, diversas armas (incluyendo una catana, navajas de gran tamaño y un bate de béisbol), 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro obtenidas de manera ilícita.
«Esta ha sido la operación policial más significativa en los últimos años en Cantabria, logrando restaurar la tranquilidad en un vecindario afectado por la coacción». — Pedro Casares, Delegado del Gobierno en Cantabria.
De peleas clandestinas a una red criminal diversificada
La investigación comenzó a mediados de 2025, cuando la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Torrelavega iniciaron diligencias tras obtener indicios sobre peleas ilegales de gallos en el municipio. Sin embargo, lo que parecía ser una red de apuestas ilícitas y maltrato animal, resultó ser solo la superficie de una organización criminal más amplia.
Tras dieciocho meses de investigación multidisciplinar, las unidades policiales confirmaron que esta red tenía carácter polidelictivo. Controlaban la distribución masiva de drogas a nivel local y, mediante la explotación de la adicción de sus clientes, los utilizaban para cometer robos y otros delitos contra el patrimonio, asumiendo luego la recepción y venta de los bienes sustraídos.
Los residentes que intentaban denunciar o enfrentarse a estas actividades eran objeto de amenazas constantes, mientras los clanes imponían un control territorial basado en la intimidación, afectando la convivencia habitual en los barrios.
Además de sus actividades ilícitas, el maltrato animal constituía un aspecto relevante del grupo. En los registros se hallaron 53 gallos de pelea, seis de ellos fallecidos y el resto con lesiones graves, junto con equipos especializados para su entrenamiento, como cintas de correr adaptadas para mejorar la resistencia física de las aves.
Investigación contra el blanqueo: menores como aparentes titulares de bienes
Una de las vertientes más complejas de la causa ha sido la línea económica y el blanqueo de capitales. Ningún miembro destacado de los clanes contaba con contratos laborales ni negocios legales conocidos, aunque mostraban un nivel de vida elevado y poseían múltiples inmuebles y vehículos de alta gama.
Los expertos en finanzas de la Policía Nacional detectaron que una gran parte del patrimonio, cuyo valor superaba el millón de euros, estaba registrado a nombre de hijos menores de edad de los detenidos, con la intención de proteger estos activos de posibles acciones judiciales y dificultar el rastreo del capital ilegal.
Como resultado, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de 118 cuentas bancarias vinculadas a 51 investigados, así como la prohibición de uso y embargo preventivo de 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias.
El proceso judicial continúa y parte de las actuaciones permanecen bajo secreto. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, felicitó a las fuerzas de seguridad por lo que considera la operación más destacada contra el crimen organizado en la historia reciente de la región. Fuentes policiales indican que el operativo sigue abierto y no se descartan nuevas intervenciones o detenciones próximamente.
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