Madrid — El Partido Popular ha reagrupado su estrategia política contra el Gobierno, a raíz de recientes descubrimientos judiciales que afectan al PSOE. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ofreció una rueda de prensa este viernes en la que emitió un ultimátum dirigido al grupo de partidos que sostiene la coalición gubernamental en el Congreso.
Desde la perspectiva del principal partido opositor, la continuidad de la legislatura ya no depende del presidente, sino del respaldo de sus aliados parlamentarios.
Opciones limitadas para Pedro Sánchez
Los populares consideran que la permanencia de Pedro Sánchez en el poder se encuentra con un margen cada vez más reducido. Según Ezcurra, el líder socialista solo podría abandonar el Ejecutivo por dos vías:
- Convocatoria anticipada de elecciones generales: Una alternativa que el PP asegura que Sánchez descarta en el contexto actual.
- Pérdida del apoyo de sus socios de investidura: Esta sería la única opción plausible para cambiar el Ejecutivo. Ezcurra urgió explícitamente a partidos como Junts, ERC, PNV y Bildu a «contactar con el presidente y comunicarle que este ciclo ha concluido».
Denuncias sobre maniobras estatales para mantener el poder
La portavoz popular subrayó la seriedad de las acusaciones, indicando que las investigaciones relacionadas con el entorno socialista no constituyen hechos aislados.
El PP liderado por Alberto Núñez Feijóo denuncia lo que define como «operaciones de Estado orientadas a obstaculizar a quienes representan un impedimento», haciendo referencia a supuestas maniobras internas para paralizar la acción de la justicia y los cuerpos de seguridad. Desde esta formación señalaron que tales prácticas generan una inacción institucional sin precedentes, perfilando una situación en la que «España carece de un gobierno efectivo» y responsabilizando a Sánchez de haber vinculado el futuro del país a su situación judicial.
Con esta iniciativa, el PP pretende forzar a los aliados de Sánchez a posicionarse públicamente, con el objetivo de debilitar la unidad del bloque de investidura, en un momento en el que la presión judicial pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo.
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