Madrid — La investigación judicial sobre el denominado ‘caso Leire Díez’ ha situado a la exmilitante del PSOE bajo un intenso escrutinio, con sus argumentos de defensa debilitados tras las recientes pruebas presentadas por el juez Santiago Pedraz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La cuestión principal que atraviesa el proceso, y da título a las revelaciones actuales, es si Díez actuaba como una periodista independiente o si cumplía el papel de una agente política remunerada para mitigar escándalos que afectaban al partido en el Gobierno.
La defensa basada en el libro frente a la visión del juez
Desde que estalló el caso, la defensa de Leire Díez ha afirmado que sus reuniones, investigaciones y el manejo de información sensible se enmarcaban exclusivamente en la elaboración de un libro.
No obstante, el último auto judicial refuta esta explicación. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, Díez no desempeñaba labores periodísticas, sino que fungía como figura central y coordinadora de una red organizada para obstaculizar causas judiciales y policiales relacionadas con el entorno del PSOE.
Los pagos y la relación con la dirección de Ferraz
Las sospechas de que la operación se dirigía desde la sede principal del PSOE se han reforzado tras el análisis de movimientos financieros. De acuerdo con la investigación:
- Remuneración mensual: Se indica que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría pactado un pago de 4.000 euros al mes para Díez por su gestión en estas actividades.
- Canalización de los fondos: La investigación apunta que estos pagos podrían haberse realizado encubiertos a través de una empresa vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
Acciones para influir en fiscales y testigos
El auto del juez Pedraz describe un plan delictivo detallado cuyo objetivo principal habría sido contrarrestar las consecuencias de investigaciones como el caso Koldo y salvaguardar los intereses de quienes rodean a la Moncloa. Entre las supuestas actividades lideradas por Díez destacan:
- Presión sobre testigos: La red habría ofrecido hasta 50.000 euros a Carmen Pano para que negase haber transportado dinero en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz.
- Reuniones con personas clave: Se investigan aproximadamente veinte encuentros entre Díez y Cerdán, así como con empresarios, como Luis del Rivero, y fiscales, con la finalidad de influir en las investigaciones o desviar la atención.
- Filtraciones y campañas mediáticas: Se indaga si agentes del Instituto Armado filtraron intencionadamente a la prensa comunicaciones privadas entre el exministro José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas, con el propósito de complicar el panorama judicial.
Trayectoria profesional bajo escrutinio
La trayectoria de Leire Díez ha estado marcada por un tránsito constante entre la política, la comunicación institucional y cargos públicos. Antes de su implicación en esta investigación, Díez desempeñó los siguientes cargos:
- Concejala del PSOE en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015.
- Jefa de prensa en la empresa pública Enusa (2018-2021).
- Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).
Los numerosos indicios relacionados con delitos que abarcan desde la organización criminal, el cohecho y la revelación de secretos, hasta la inducción al falso testimonio y el tráfico de influencias, ponen en entredicho su imagen de «periodista imparcial». Este caso ha provocado un importante revuelo político en el PSOE, generando presiones internas y de sus aliados en el Gobierno que demandan responsabilidades inmediatas, mientras la oposición califica los hechos como una «operación para proteger al Ejecutivo».
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