“La normativa europea permite compatibilizar ingresos privados y actividades empresariales. El líder ultra dona su sueldo gracias a seguir enriqueciéndose con un libro best-seller, consultorías y su propia holding empresarial”
Alvise Pérez ha ganado medio millón de euros en los últimos 7 meses con su actividad privada, mayormente por su obra “Devuélveme Mi País”, número 1 en ventas en Amazon España, mientras ocupa un escaño en el Parlamento Europeo. La cifra no la ha destapado nadie: sale de sus propios registros, la declaración de intereses que él mismo actualiza ante la Eurocámara y las cuentas de sus sociedades.
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El Estatuto del eurodiputado y el Código de Conducta del Parlamento Europeo permiten a sus 720 miembros mantener actividades profesionales y empresariales privadas. La condición es declararlas: el artículo 4 obliga a inscribir cada actividad y su tramo de ingresos —de 500 a 1.000 euros mensuales, de 1.001 a 5.000, de 5.001 a 10.000 o más de 10.000—. La única prohibición tajante es el lobby profesional remunerado ligado a las decisiones de la UE.
En España, un diputado nacional trabaja en régimen de dedicación absoluta (artículo 157 de la LOREG). En Bruselas, no. Son las reglas de la casa.
Según el último análisis de Transparencia Internacional sobre esta legislatura, 216 eurodiputados —menos del 30% de la cámara— declaran actividades remuneradas paralelas al escaño: Alvise es el eurodiputado que más dinero privado ingresa, junto al rumano Gheorghe Piperea.
El riesgo de conflicto de interés de quienes legislan sobre los sectores que les pagan es claro, y a ello se suma el sueldo público. Un eurodiputado cobra más de 10.000 euros brutos al mes —unos 8.000 netos—, el 38,5% del salario de un juez del Tribunal de Justicia de la UE.
Alvise anunció en campaña que no se quedaría ni un euro, y ese dinero ha ido saliendo por la puerta: primero sorteado entre sus seguidores, después donado a las víctimas de la dana y, desde octubre de 2025, entregado de forma acumulada a diversas fundaciones tras el rechazo público de sus cheques de 50.000€ por parte de dos fundación de la Guardia Civil o de la Policía, pero nunca dijo que seguiría trabajando para otras empresas.
En solo dos años, los órganos de control de la Eurocámara ya han encontrado una falta en el líder ultra: una casilla incompleta en su primera declaración de 2024, sancionada en marzo de 2025 con la pérdida de dos días de dietas. Unos 700 euros. Desde entonces, sus actualizaciones van al registro público.
La pregunta ahora es cómo justificará el eurodiputado de ultraderecha la legitimidad de su acción pública si continúa cobrando de un trabajo privado con el evidente riesgo de conflicto de intereses.
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