Desde la cumbre de la UE en Chipre, el presidente del Gobierno alerta que el Ejecutivo actuará con «total contundencia» si se promulgan leyes que establezcan ciudadanos de «primera y segunda» categoría.
NICOSIA (CHIPRE) | Durante la segunda jornada de la cumbre informal de líderes europeos, centrada en la política interna, el presidente Pedro Sánchez ha criticado duramente los acuerdos firmados por el Partido Popular y Vox en comunidades como Extremadura y Aragón. Según Sánchez, estas alianzas suponen una vulneración de la Constitución al instaurar la figura de la «prioridad nacional», que a su juicio implica una discriminación directa entre ciudadanos.
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El presidente ha enfatizado que esta idea contradice los principios esenciales de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución, sin importar el lugar de origen, raza, género o preferencia sexual de las personas.
El apoyo de Amnistía Internacional
Sánchez ha resaltado la posición de Amnistía Internacional, que recientemente advirtió sobre las implicaciones negativas de estos pactos para los derechos humanos en España. El presidente ha expresado su acuerdo con dicha valoración, señalando que la «prioridad nacional» puede generar exclusiones que hoy afectan a migrantes y podrían extenderse mañana a otros colectivos.
Para él, estos acuerdos representan un «retroceso» que perjudica gravemente tanto a las comunidades implicadas como al país en general.
La crítica a ciertos colectivos sociales
Sánchez ha señalado también el riesgo de estigmatización hacia asociaciones que implementan políticas sociales esenciales en zonas donde el Estado tiene menor presencia. Ha indicado que los acuerdos entre la derecha y la ultraderecha concentran la atención en entidades:
- Religiosas y que ofrecen asistencia social.
- Feministas y defensoras de la diversidad.
«España progresa cuando reconoce derechos y valora la diversidad como un factor de desarrollo, no cuando la percibe como una amenaza inexistente», afirmó Sánchez.
Una garantía de vigilancia
Ante la posibilidad de que estas políticas se traduzcan en normativas autonómicas, Sánchez ha transmitido un mensaje de serenidad a la ciudadanía, asegurando que el Gobierno ejercerá su función de supervisión. Ha declarado que cualquier ley que infrinja los principios constitucionales de igualdad será combatida «con la fuerza de la ley y con total contundencia» para defender los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de dónde residan.
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