MADRID — El Tribunal Constitucional ha decidido posponer la resolución del recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, respecto a la no aplicación de la Ley de Amnistía por el delito de malversación que dictó el Tribunal Supremo, hasta septiembre u octubre. Esta medida busca esperar el análisis del fallo relevante que emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La justicia europea indicará el camino a seguir
El tribunal de Luxemburgo tiene previsto emitir su decisión sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio. Estos interrogantes están vinculados con la responsabilidad contable de varios líderes catalanes, entre ellos Puigdemont y el expresidente Artur Mas, así como respecto a las acusaciones de terrorismo dirigidas a doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR).
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Fuentes jurídicas confiables han descartado que el Constitucional pueda tratar este tema durante el pleno ordinario del 20 de julio, pues dicha sesión, que cerrará el año judicial, cerrará su agenda antes del 16 de julio, impidiendo la inclusión del análisis del fallo europeo a tiempo.
Por lo tanto, el calendario procesal se desplaza inevitablemente a septiembre u octubre. Desde el tribunal se enfatiza que la sentencia del TJUE será decisiva y establecerá las pautas para la resolución del recurso de Puigdemont, un paso clave para su posible retorno a España.
Un procedimiento que requerirá tiempo
Tras la publicación del veredicto europeo, los magistrados del Tribunal Constitucional examinarán sus fundamentos jurídicos para determinar los siguientes pasos. Fuentes internas advierten que este proceso «llevará su tiempo» y que la duración dependerá exclusivamente del contenido del fallo de Luxemburgo.
El informe presentado el pasado 13 de noviembre por el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, apoya la posición de la defensa. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, habitualmente se alinean con la sentencia final. Spielmann respaldó la Ley de Amnistía argumentando que se diseñó en un «contexto real de reconciliación política» y concluyó que no existe un vínculo directo entre los gastos del procés y daños efectivos a las finanzas de la Unión Europea, un criterio contrario al del Tribunal Supremo.
Apoyo de la Fiscalía y situación actual
A nivel nacional, tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado se han pronunciado a favor de conceder el amparo a Puigdemont. Ambas instituciones consideran que el Tribunal Supremo debió aplicar la amnistía y califican de «irrazonable y arbitraria» la interpretación del tribunal superior para eludir la norma en el delito de malversación.
No obstante, las fuentes jurídicas recuerdan que, aunque el Constitucional emitiera una sentencia favorable al líder de Junts este otoño, la ejecución de la orden y la retirada de las medidas cautelares seguirán siendo competencia exclusiva del Tribunal Supremo.
Mientras continúa este proceso judicial, Carles Puigdemont permanece impedido de regresar a España. En enero pasado, el Tribunal Constitucional confirmó, con una mayoría de 10 votos contra 1, la vigencia de la orden nacional de detención en su contra hasta que se resuelva definitivamente el recurso de amparo.
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