La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido formalmente la paralización del procedimiento en su contra. Esta solicitud busca que el caso se detenga hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes, garantizando así un proceso con todas las garantías y evitando la indefensión.
Fuentes jurídicas indicaron que se ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien denegó la realización de varias pruebas solicitadas antes de evaluar la apertura del juicio oral.
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Alegación de vulneración de derechos y principio de igualdad de armas
La defensa considera que la negativa del juez Peinado a admitir dichas diligencias restringe el derecho a la defensa de Gómez y vulnera el principio de igualdad de armas entre las partes del proceso.
Entre las pruebas solicitadas figura la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien hasta ahora no ha sido llamado a testificar y cuenta con un conocimiento directo significativo sobre los hechos investigados.
Ratificación de tres informes periciales esenciales
Además, el recurso destaca la importancia de ratificar tres informes periciales proporcionados por la defensa, que abordan aspectos centrales de la investigación y que consideran necesarios para una valoración adecuada antes de decidir sobre la apertura del juicio oral:
- Ausencia de daño económico: Un informe que cuestiona el supuesto perjuicio económico a la Universidad Complutense, indicando que la institución habría salido beneficiada, en contradicción con la acusación.
- Comparación del personal de apoyo: Un estudio que respalda la legitimidad del equipo asignado a Begoña Gómez, comparándolo con la dotación que tuvieron las esposas de expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy, Ana Botella y Elvira Fernández.
- Administración de la Cátedra: Un análisis técnico que refuta la interpretación que realiza la acusación sobre la creación y funcionamiento de la Cátedra Extraordinaria.
Con esta iniciativa legal, la defensa intenta detener el avance del caso, el cual el Gobierno sigue calificando como motivado políticamente, hasta que una instancia superior revise la instrucción del juez Peinado.
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