La defensa del expresidente del Gobierno ha pedido a la Audiencia Nacional que se restrinja el ámbito de la investigación policial tras la publicación de agendas completas y mensajes privados de WhatsApp que consideran irrelevantes para la causa.
Madrid. — La representación legal de José Luis Rodríguez Zapatero ha dirigido una solicitud formal al juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, para que instruya a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a limitar su indagación exclusivamente a los hechos judicialmente delimitados. Según el abogado, no corresponde que la unidad policial someta la vida privada del expresidente a un escrutinio indiscriminado.
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En un documento al que ha accedido EFE, la defensa pide medidas urgentes con el objetivo de impedir la difusión masiva de datos personales. Esta petición se produce después del informe policial más reciente, fechado el 22 de junio, que incluye agendas completas y numerosas conversaciones privadas de WhatsApp del exmandatario.
«No pierde sus derechos por ser objeto de investigación»
El escrito de los abogados critica el alcance que han alcanzado las pesquisas policiales, recordando que el hecho de estar bajo investigación no elimina las garantías constitucionales:
«Ser investigado no implica que un ciudadano pierda sus derechos, ni que las autoridades puedan, sin límites ni controles, invadir su intimidad, vulnerar el secreto de sus comunicaciones o desatender la protección de sus datos personales».
El letrado señala que esto es precisamente lo que ha sucedido con Rodríguez Zapatero, y subraya que los medios ya tienen acceso no solo al informe principal sino también a todos sus anexos, que contienen actividades y comunicaciones estrictamente personales y ajenas al caso. Por esta razón, solicita que se prohíba expresamente a la policía usar esta información para investigar cualquier actividad personal o profesional que no esté debidamente autorizada y motivada por el juez.
Acusa a la investigación de ser prospectiva sobre Bolivia
El principal motivo de esta reclamación es la petición de la defensa de devolver a la UDEF su último informe. En ese documento, la policía afirma que Zapatero habría actuado como intermediario e influyente ante las autoridades bolivianas para favorecer a la empresa peruana Gloria, presuntamente a cambio de una remuneración de 200.000 euros en los años 2024 y 2025.
Los abogados solicitan que esta información sea desestimada completamente, argumentando que se trata de hechos no relacionados con el núcleo del proceso penal y que emergen de una investigación prospectiva, que no cuenta con la autorización judicial que la legislación requiere.
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