El portavoz de ERC denuncia una «cacería judicial» contra la izquierda en el Congreso, mientras los socios de investidura muestran reacciones que van desde la unidad hasta la cautela y la demanda de aclaraciones en torno al ‘caso Plus Ultra’.
Gabriel Rufián, representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, expresó este miércoles una opinión contundente sobre el auto de imputación que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con su estilo característico, afirmó que «si es verdad, es un problema; y si es mentira, resulta ser un problema aún mayor», reclamando una pronta explicación por parte del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Rufián utilizó una pregunta dirigida a Sánchez para mostrar tanto su «respeto y afecto» hacia Zapatero como el importe político de la noticia. Según explicó, que un expresidente socialista sea procesado judicialmente «afecta profundamente» a los sectores progresistas de toda España.
El portavoz de ERC sugirió que este procedimiento judicial responde a intereses partidistas con fines electorales, describiendo a Zapatero como un «valioso activo electoral para la izquierda» que buscan neutralizar desde la justicia. Además, confesó sentirse «afectado» por la imputación y denunció una «persecución judicial» contra la izquierda, destacando que otros expresidentes como Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy «se merecen una investigación mucho más a fondo».
Rufián también señaló que «hemos visto casos de corrupción flagrante donde no pasa nada, mientras que la izquierda es tratada de forma distinta». En los pasillos del Parlamento, reconoció que el auto de la Audiencia Nacional está «muy bien redactado».
Respuesta del Ejecutivo y el Plan de Transparencia
Por su parte, Pedro Sánchez evitó confrontar directamente con las declaraciones de su socio de investidura o con la valoración del proceso judicial. En su réplica, prefirió centrar la discusión en la agenda legislativa de Moncloa.
El jefe del Gobierno recordó que está en trámite un proyecto de ley que pretende regular con mayor rigor la actividad de los grupos de presión (lobbies). Sánchez instó a las fuerzas políticas a apoyar con urgencia esta normativa, que forma parte del plan de Regeneración Democrática impulsado por el Ejecutivo para aumentar la transparencia en las instituciones.
Diferencias en el bloque de investidura: entre la estrategia judicial y la cautela
La imputación a Rodríguez Zapatero, la primera para un expresidente en la democracia reciente, ha generado un impacto significativo en los partidos que sostienen la mayoría, mostrando diversas posturas.
Desde Podemos, la líder Ione Belarra se limitó a comentar que el contexto judicial «no es favorable». La diputada de Compromís, Águeda Micó, solicitó prudencia institucional hasta que el exmandatario pueda ejercer su derecho a defenderse, aunque subrayó que si se confirman indicios de corrupción, «la ley debe aplicarse con todo su rigor». Micó se distanció de la visión de ERC y expresó dudas sobre que este caso constituya un ejemplo claro de lawfare (uso político de la justicia).
En Sumar e Izquierda Unida, el portavoz Enrique Santiago evitó pronunciarse sobre una posible persecución judicial, y enfatizó la necesidad de reformas estructurales: «Es fundamental regular adecuadamente la actividad de los expresidentes». Añadió que «si se han recibido pagos por gestiones políticas, eso constituye un delito». Desde un enfoque institucional, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, reafirmó su llamado a la calma y la importancia de analizar cuidadosamente los hechos.
El PSOE pide evidencias y defiende la presunción de inocencia
El PSOE mantiene una postura de defensa junto con un respeto formal al proceso judicial. Patxi López, portavoz socialista, solicitó que la justicia realice una investigación exhaustiva y «llegue hasta el final», a la vez que exigió la presentación clara de las supuestas pruebas. López reclamó el respeto a la presunción de inocencia de Zapatero, y recalcó que el partido continuará «defendiéndolo hasta que se pruebe lo contrario».
Puntos clave de la imputación judicial
El juez encargado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el «centro» de una supuesta red organizada de influencia internacional. Según la investigación, se examina una presunta trama para mediar ilegalmente ante autoridades nacionales y extranjeras, con el propósito de conseguir resoluciones administrativas favorables y beneficios económicos para terceros. En el marco del caso ‘Plus Ultra’, Zapatero está formalmente imputado por tres delitos graves: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
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