Cinco personas vinculadas en diferentes momentos a la Autoridad Portuaria de Ceuta han interpuesto una querella contra el exfarero de Punta Almina por supuestos delitos de injurias y calumnias, solicitando además indemnizaciones económicas considerables.
Según consta en la querella, los querellantes incluyen al anterior jefe de Recursos Humanos del organismo portuario, un familiar directo suyo, la pareja de otro familiar, el antiguo representante sindical de CC.OO. en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y otra persona cercana.
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El conflicto se originó a raíz de varios escritos enviados por el exfarero a organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Transportes, la Presidencia del Gobierno y la Subdirección General de Inspección de Servicios y Atención al Ciudadano. En estos documentos solicitaba la investigación de ciertas actividades relacionadas con procesos selectivos dentro de la Autoridad Portuaria.
La defensa del exfarero argumenta que esas comunicaciones debían mantenerse confidenciales, y que la divulgación de su identidad vulneró las garantías establecidas por la Ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre irregularidades y combate la corrupción.
Según esta versión, la documentación fue transferida entre distintos organismos hasta llegar a la Autoridad Portuaria, hecho que permitió que terceros conocieran tanto el contenido de los escritos como la identidad del denunciante.
Por su parte, el ex trabajador portuario defiende que sus comunicaciones no tenían como objetivo formular acusaciones definitivas, sino solicitar una investigación administrativa de ciertos procesos de contratación, que a su juicio presentaban aspectos que merecían revisión.
Para respaldar su reclamación, realizó un análisis basado en criterios socioestadísticos sobre diversos procesos selectivos. Según explicó, el estudio identificó coincidencias familiares entre personas que participaron en órganos relacionados con la definición de perfiles profesionales y candidatos que posteriormente obtuvieron plazas.
Entre los casos mencionados figuran procesos vinculados a puestos en el área informática y sistemas de ayuda a la navegación. El exfarero argumenta que circunstancias como vínculos familiares entre integrantes de órganos internos y adjudicatarios justifican una revisión externa de la legalidad de dichos procedimientos.
Además, cuestiona algunos requisitos técnicos exigidos o supuestamente no exigidos en determinadas convocatorias, y plantea que ciertos estándares internacionales del ámbito marítimo deberían haberse tenido en cuenta.
Los querellantes, en cambio, sostienen que estas afirmaciones dañan su honor y niegan cualquier irregularidad, por lo que han llevado el asunto a los tribunales.
Este caso añade un nuevo punto al debate sobre los límites entre el derecho a denunciar posibles irregularidades, la protección a los informantes y el respeto al honor de las personas involucradas. Será el proceso judicial el encargado de determinar si las declaraciones hechas estaban justificadas por el interés público y la petición de investigación, o si, por el contrario, cruzaron la línea de la injuria o la calumnia.
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