Cinco personas vinculadas en diversos períodos a la Autoridad Portuaria de Ceuta han interpuesto una querella contra el exfarero de Punta Almina, imputándole supuestos delitos de injurias y calumnias y solicitando indemnizaciones económicas considerables.
De acuerdo con la querella, los denunciantes son: el antiguo jefe de Recursos Humanos del puerto, un familiar cercano, la pareja de otro familiar, el exrepresentante sindical de CC.OO. en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y otro allegado.
El conflicto se originó tras la presentación de varios escritos por parte del exfarero ante instancias estatales como el Ministerio de Transportes, la Presidencia del Gobierno y la Subdirección General de Inspección de Servicios y Atención al Ciudadano. En dichos documentos, solicitaba la apertura de una investigación sobre ciertos procesos selectivos dentro de la Autoridad Portuaria.
La defensa del exfarero argumenta que estas comunicaciones debían mantenerse confidenciales y que la revelación de su identidad vulneró las garantías establecidas por la Ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre infracciones normativas y luchan contra la corrupción.
Según esta versión, la documentación pasó de unos organismos a otros hasta llegar a la Autoridad Portuaria, lo que permitió que terceros accedieran al contenido de sus comunicaciones y a su identidad como denunciante.
Por su parte, el antiguo empleado defiende que sus escritos no tenían como objetivo efectuar acusaciones definitivas, sino solicitar una investigación administrativa sobre algunos procesos de contratación que, según él, requerían revisión.
Como fundamento de su solicitud, expone haber realizado un análisis con base en criterios socioestadísticos sobre distintos procesos de selección. Este estudio detectó supuestas coincidencias familiares entre los participantes en órganos encargados de definir perfiles profesionales y los candidatos que finalmente resultaron adjudicatarios de plazas.
Entre los casos mencionados se incluyen procedimientos relacionados con puestos en el área informática y de sistemas de ayuda a la navegación. El exfarero señala que ciertas circunstancias, como la existencia de vínculos familiares entre miembros de los órganos internos y adjudicatarios, justificarían una revisión externa para verificar la regularidad de los procesos.
Además, cuestiona algunos requisitos técnicos solicitados o, presuntamente, no exigidos en determinados concursos y afirma que ciertos estándares internacionales del ámbito marítimo deberían haberse considerado.
Los querellantes, en cambio, sostienen que estas afirmaciones dañan su honor y rechazan cualquier irregularidad, motivo por el cual han presentado la demanda judicialmente.
Este caso añade complejidad al debate sobre el equilibrio entre el derecho a denunciar posibles irregularidades, la protección de los informantes y el respeto al honor de las personas implicadas. Será el proceso judicial el encargado de determinar si las declaraciones efectuadas corresponden a una actuación respaldada por el interés público y la solicitud de investigación o si, por el contrario, constituyen injurias o calumnias.
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