Madrid, 5 de mayo de 2026 — La maniobra judicial del Partido Popular en el caso Koldo ha generado una respuesta inusual en el parlamento: tanto PSOE como Vox han expresado su rechazo conjunto. Las dos formaciones han cuestionado con dureza que la acusación particular del PP haya decidido disminuir la petición de pena contra el empresario Víctor de Aldama, lo que podría implicar que evite ir a prisión.
El PP ha rebajado su solicitud desde siete años hasta cinco años y medio de cárcel. Al ser una condena menor a seis años y dependiendo de posibles beneficios o la suspensión de la pena, Aldama —identificado como el supuesto promotor de la trama— podría no ingresar en un centro penitenciario.
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PSOE califica la reducción de la pena como «una auténtica barbaridad»
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, lideró la crítica hacia la decisión del PP, describiéndola como una «auténtica barbaridad». López destacó la gravedad de los hechos objeto del juicio y la magnitud de las comisiones implicadas.
- Libertad cuestionada: «Que quien se ha apropiado de cinco millones en comisiones pase a estar en libertad es inaceptable», señaló el portavoz, pidiendo explicaciones al PP sobre esta estrategia judicial.
- Carencia de evidencias: López también puso en duda la colaboración de Aldama con la justicia: «Ha declarado bastante, pero ¿dónde están las pruebas?».
Vox también critica la actuación del PP
Desde otro espectro político, la portavoz de Vox, Pepa Millán, expresó su desacuerdo con la defensa realizada por el Partido Popular. Aunque su tono fue más contenido que el del PSOE, Millán manifestó su desconfianza hacia Aldama.
«No confío en Aldama. Todos los involucrados en la presunta trama corrupta deben asumir consecuencias, sin excepción», afirmó la representante de Vox.
Un proceso judicial con polémica creciente
La reducción de la pena propuesta por la acusación del PP ocurre en un contexto de alta tensión política, donde la credibilidad de los testimonios relacionados con el caso Koldo está en el centro de la controversia. Mientras el PP ajusta su petición penal, sus opositores interpretan esta acción como un posible trato preferente hacia uno de los implicados clave en la supuesta red de corrupción.
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