Madrid, 5 de mayo de 2026 — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intervenido en el debate generado por el caso Koldo, realizando unas declaraciones que combinan ironía y crítica hacia el Partido Popular. Bolaños considera que el cambio en la estrategia judicial del PP evidencia una alianza entre la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo y el empresario Víctor de Aldama.
«Quisiera agradecer al Partido Popular y al señor Aldama por dejar tan patente que existe colaboración entre ambos», declaró el ministro, insinuando que la reducción de la petición de condena, de siete a cinco años y medio, obedece a intereses compartidos.
Contraste entre la estrategia del PP y la Fiscalía
Bolaños ha subrayado una clara distinción entre la actuación del PP como acusación popular y la posición del Ministerio Fiscal. Ante preguntas sobre el criterio de la Fiscalía en este caso, el ministro defendió la independencia del órgano judicial:
- Fundamentos técnicos: Según Bolaños, la Fiscalía basa su postura exclusivamente en valoraciones técnicas, sin influencias políticas.
- Respeto institucional: Reafirmó el «respeto absoluto» tanto del Gobierno como del Ministerio de Justicia hacia las resoluciones adoptadas por la Fiscalía en su conjunto.
Discreción sobre denuncia personal por soborno
A pesar del tono crítico hacia el PP, el ministro ha optado por no hacer comentarios sobre la denuncia que presentó personalmente contra Víctor de Aldama, luego de que éste afirmara públicamente que Bolaños intentó aceptar un soborno.
«El PP deberá aclarar por qué alguien acusado de recibir millones en comisiones permanece sin condena», señalaron diversas fuentes del Gobierno coincidiendo con las declaraciones del ministro.
Respuesta política
Esta declaración eleva la tensión entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en un contexto donde las acusaciones populares y los acuerdos con investigados influyen en la dinámica de la legislatura. Mientras el PP revisa sus planteamientos judiciales, el Gobierno aprovecha la situación para poner en duda la integridad de la estrategia popular en materia anticorrupción.
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