El siniestro en Hunan deja más de 60 heridos y reactiva la discusión sobre la seguridad en el sector pirotécnico nacional.
PEKÍN – Una potente explosión sacudió la fábrica de fuegos artificiales Huasheng, ubicada en el municipio de Liuyang, provincia de Hunan, causando la muerte de al menos 26 personas y dejando heridas a otras 61, según informaron las autoridades locales. El suceso, ocurrido durante la tarde del lunes, destruyó gran parte de las instalaciones y movilizó extensos equipos de emergencia.
La deflagración fue tan intensa que produjo una columna de humo visible a varios kilómetros y ocasionó daños en edificaciones cercanas. Liuyang, reconocida como el principal centro productor de pirotecnia en China, sufre con frecuencia accidentes graves pese a los intentos regulatorios, atribuidos a la manipulación de materiales inflamables y ocasionales fallos en la supervisión.
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Tareas de rescate y seguridad
Desde temprano el martes, más de 480 rescatistas y unidades especializadas se encuentran trabajando entre los restos de la planta para hallar posibles desaparecidos. Ante el riesgo de explosiones secundarias, debido a la proximidad de dos almacenes de pólvora negra, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de tres kilómetros y evacuaron a los residentes de las áreas aledañas.
Entre los relatos recogidos destaca el de una familiar cuyo esposo, transportista de la planta, logró sobrevivir arrastrándose entre el fuego y los escombros tras la explosión inicial. Actualmente, se encuentra hospitalizado con quemaduras y diversas lesiones.
Respuesta oficial e indagación del incidente
El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado a mantener un trabajo constante para atender a los heridos y ha solicitado investigar a fondo las causas del accidente «a la mayor brevedad». Como medida inicial, la policía detuvo al responsable de la empresa Huasheng mientras se investigan posibles negligencias.
Este nuevo episodio ha puesto bajo escrutinio a los funcionarios locales de seguridad. Informes preliminares indican que se han aplicado sanciones disciplinarias a cerca de treinta funcionarios por presuntos intentos de ocultar víctimas y falta de rigor en las inspecciones previas, reflejando los problemas persistentes en un sector clave para la economía regional.
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