Madrid, 5 de mayo de 2026 — Con el objetivo de fortalecer los derechos de los niños y niñas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, en una primera aprobación, a una profunda reforma de la legislación para proteger a los menores frente a la violencia. Este proyecto, promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece la obligatoriedad de recoger el testimonio de los menores en todos los procesos judiciales que les involucren, sin importar su edad.
La reforma pretende que la intervención del menor sea un componente esencial del procedimiento judicial, sustituyendo la consideración previa basada en la edad. El nuevo marco normativo obliga a los tribunales a escuchar a niños y niñas en cualquier etapa de su desarrollo.
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Aspectos clave de la nueva ley
Además del derecho a ser escuchados, esta iniciativa introduce modificaciones significativas respecto a la gestión de conflictos familiares y trámites administrativos:
- Revisión de la custodia compartida: Se impedirá asignar la custodia compartida cuando existan indicios de que esta situación pueda perjudicar el bienestar físico o emocional del menor.
- Justificación clara del «Interés Superior»: Cada decisión administrativa y judicial deberá explicitar y detallar cómo garantiza la protección psicológica y emocional del niño.
- Protección de entornos seguros: La prioridad será proteger los espacios donde los menores desarrollen su vida, asegurando su seguridad como principio primordial.
«El interés superior del menor debe justificarse de forma explícita en todas las actuaciones y resoluciones, señalando cómo se salvaguarda su bienestar físico y psicológico», indica el texto del anteproyecto.
Un avance para frenar la violencia de género
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo, la ministra portavoz, Elma Saiz, destacó la urgencia de estas medidas con base en datos preocupantes. Saiz recordó que entre 2013 y marzo de 2026, 68 menores han sido víctimas mortales de violencia de género, una cifra que pone en evidencia la necesidad de mejorar continuamente el sistema de protección.
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende reducir las vulnerabilidades existentes y asegurar que el sistema judicial funcione como un espacio protector, en el que prevalezca el interés y bienestar del menor frente a cualquier otro interés. El proyecto ahora inicia su proceso legislativo para su aprobación definitiva.
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