La Fundación Foro Libertad y Alternativa interpone una querella judicial contra la directora de Comunicación del Ministerio por considerar que el fichero vulnera el Estado de Derecho y podría implicar delitos de malversación y revelación de secretos.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa, presidida por Alejo Vidal-Quadras, ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, a raíz de la filtración de un documento generado en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. La denuncia se dirige contra María Nieves Goicoechea González, directora de dicha oficina ministerial, así como contra cualquier otro funcionario o cargo público que pueda ser responsable durante la investigación, acusándolos de haber creado un registro sistemático para supervisar a profesionales del periodismo.
El documento, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en 2024, contiene una base de datos detallada con información sobre cerca de 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios de comunicación. Según el texto de la querella, en por lo menos 251 expedientes personales se incluyen anotaciones explícitas que identifican la inclinación ideológica de los profesionales y su postura política respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, etiquetándolos con descripciones tales como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
La organización demandante considera que el uso de recursos públicos y presupuesto para elaborar un fichero de control ideológico sobre los medios representa una gravedad institucional significativa. Esta práctica ha sido calificada de inadmisible en un Estado de Derecho por asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Según los promotores de la acción judicial, los hechos denunciados podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos y de descubrimiento y revelación de secretos, al manejar datos personales con especial protección sin justificación o finalidad pública legalmente establecida.
Para esclarecer el origen y uso de este informe, la querella solicita la realización urgente de diversas diligencias probatorias. Entre ellas, pide la entrega inmediata del archivo digital original junto con sus metadatos técnicos para identificar al autor exacto del documento, la identificación completa del personal asignado a la Oficina de Comunicación de Interior en el momento en que se elaboró el fichero, y la citación como investigada de la directora de la oficina. La entidad insiste en la necesidad de determinar qué altos cargos ordenaron la elaboración de la lista, con qué objetivos se utilizó y si hubo un empleo indebido de fondos públicos para limitar la libertad de información y el pluralismo democrático.
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La Fundación Foro Libertad y Alternativa, presidida por Alejo Vidal-Quadras, ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, a raíz de la filtración de un documento generado en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. La denuncia se dirige contra María Nieves Goicoechea González, directora de dicha oficina ministerial, así como contra cualquier otro funcionario o cargo público que pueda ser responsable durante la investigación, acusándolos de haber creado un registro sistemático para supervisar a profesionales del periodismo.
El documento, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en 2024, contiene una base de datos detallada con información sobre cerca de 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios de comunicación. Según el texto de la querella, en por lo menos 251 expedientes personales se incluyen anotaciones explícitas que identifican la inclinación ideológica de los profesionales y su postura política respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, etiquetándolos con descripciones tales como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
La organización demandante considera que el uso de recursos públicos y presupuesto para elaborar un fichero de control ideológico sobre los medios representa una gravedad institucional significativa. Esta práctica ha sido calificada de inadmisible en un Estado de Derecho por asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Según los promotores de la acción judicial, los hechos denunciados podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos y de descubrimiento y revelación de secretos, al manejar datos personales con especial protección sin justificación o finalidad pública legalmente establecida.
Para esclarecer el origen y uso de este informe, la querella solicita la realización urgente de diversas diligencias probatorias. Entre ellas, pide la entrega inmediata del archivo digital original junto con sus metadatos técnicos para identificar al autor exacto del documento, la identificación completa del personal asignado a la Oficina de Comunicación de Interior en el momento en que se elaboró el fichero, y la citación como investigada de la directora de la oficina. La entidad insiste en la necesidad de determinar qué altos cargos ordenaron la elaboración de la lista, con qué objetivos se utilizó y si hubo un empleo indebido de fondos públicos para limitar la libertad de información y el pluralismo democrático.
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La Fundación Foro Libertad y Alternativa, presidida por Alejo Vidal-Quadras, ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, a raíz de la filtración de un documento generado en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. La denuncia se dirige contra María Nieves Goicoechea González, directora de dicha oficina ministerial, así como contra cualquier otro funcionario o cargo público que pueda ser responsable durante la investigación, acusándolos de haber creado un registro sistemático para supervisar a profesionales del periodismo.
El documento, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en 2024, contiene una base de datos detallada con información sobre cerca de 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios de comunicación. Según el texto de la querella, en por lo menos 251 expedientes personales se incluyen anotaciones explícitas que identifican la inclinación ideológica de los profesionales y su postura política respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, etiquetándolos con descripciones tales como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
La organización demandante considera que el uso de recursos públicos y presupuesto para elaborar un fichero de control ideológico sobre los medios representa una gravedad institucional significativa. Esta práctica ha sido calificada de inadmisible en un Estado de Derecho por asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Según los promotores de la acción judicial, los hechos denunciados podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos y de descubrimiento y revelación de secretos, al manejar datos personales con especial protección sin justificación o finalidad pública legalmente establecida.
Para esclarecer el origen y uso de este informe, la querella solicita la realización urgente de diversas diligencias probatorias. Entre ellas, pide la entrega inmediata del archivo digital original junto con sus metadatos técnicos para identificar al autor exacto del documento, la identificación completa del personal asignado a la Oficina de Comunicación de Interior en el momento en que se elaboró el fichero, y la citación como investigada de la directora de la oficina. La entidad insiste en la necesidad de determinar qué altos cargos ordenaron la elaboración de la lista, con qué objetivos se utilizó y si hubo un empleo indebido de fondos públicos para limitar la libertad de información y el pluralismo democrático.
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El documento, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en 2024, contiene una base de datos detallada con información sobre cerca de 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios de comunicación. Según el texto de la querella, en por lo menos 251 expedientes personales se incluyen anotaciones explícitas que identifican la inclinación ideológica de los profesionales y su postura política respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, etiquetándolos con descripciones tales como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
La organización demandante considera que el uso de recursos públicos y presupuesto para elaborar un fichero de control ideológico sobre los medios representa una gravedad institucional significativa. Esta práctica ha sido calificada de inadmisible en un Estado de Derecho por asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Según los promotores de la acción judicial, los hechos denunciados podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos y de descubrimiento y revelación de secretos, al manejar datos personales con especial protección sin justificación o finalidad pública legalmente establecida.
Para esclarecer el origen y uso de este informe, la querella solicita la realización urgente de diversas diligencias probatorias. Entre ellas, pide la entrega inmediata del archivo digital original junto con sus metadatos técnicos para identificar al autor exacto del documento, la identificación completa del personal asignado a la Oficina de Comunicación de Interior en el momento en que se elaboró el fichero, y la citación como investigada de la directora de la oficina. La entidad insiste en la necesidad de determinar qué altos cargos ordenaron la elaboración de la lista, con qué objetivos se utilizó y si hubo un empleo indebido de fondos públicos para limitar la libertad de información y el pluralismo democrático.
