Un juzgado de Madrid admite a trámite una querella por prevaricación contra la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la instrucción que amplió el alcance de la Ley de Memoria Democrática.
MADRID — La ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, está siendo investigada judicialmente debido a su gestión en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘Ley de Nietos’. Un juzgado en Madrid ha aceptado una querella por presunta prevaricación luego de detectar que alteró los formularios oficiales que se enviaban a los consulados para permitir que descendientes de emigrantes sin conexión con la Guerra Civil o el franquismo pudieran obtener la nacionalidad española.
El conflicto surgió tras la instrucción emitida a finales de 2022 para implementar la ley aprobada por las Cortes. Mientras el texto original restringía la nacionalidad a descendientes de exiliados, los formularios y anexos oficiales remitidos inicialmente a las embajadas y consulados requerían que se acreditara esa condición.
Corrección por la «puerta de atrás»
En febrero de 2023, cuatro meses después, Sofía Puente modificó los formularios mediante una corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta modificación, se eliminó el requisito exclusivo de demostrar que los antepasados perdieron o renunciaron a la nacionalidad debido al exilio, permitiendo que solo fuera necesario comprobar que el padre, madre, abuelo o abuela de los solicitantes fueron originalmente españoles.
Este cambio posibilitó que miles de personas —incluyendo descendientes de emigrantes del siglo XIX— pudieran solicitar la nacionalidad española, desvinculando el proceso del objetivo inicial de reparar a las víctimas del exilio político.
Consecuencias judiciales y administrativas
La ampliación de los criterios ha tenido efectos directos sobre las elecciones y la administración de los censos. La instrucción y las órdenes remitidas a los consulados motivaron que el Tribunal Supremo decidiera suspender temporalmente el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, mientras las oficinas consulares verifican si cumplieron con los requisitos documentales relacionados con el exilio establecidos en la normativa.
Asimismo, la querella aceptada, presentada por la asociación Hazte Oír, cuestiona la legalidad de las modificaciones impulsadas por la ex directora general del Ministerio de Justicia en la ejecución de una de las leyes con mayor impacto en el registro de la nacionalidad española en el exterior.
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MADRID — La ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, está siendo investigada judicialmente debido a su gestión en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘Ley de Nietos’. Un juzgado en Madrid ha aceptado una querella por presunta prevaricación luego de detectar que alteró los formularios oficiales que se enviaban a los consulados para permitir que descendientes de emigrantes sin conexión con la Guerra Civil o el franquismo pudieran obtener la nacionalidad española.
El conflicto surgió tras la instrucción emitida a finales de 2022 para implementar la ley aprobada por las Cortes. Mientras el texto original restringía la nacionalidad a descendientes de exiliados, los formularios y anexos oficiales remitidos inicialmente a las embajadas y consulados requerían que se acreditara esa condición.
Corrección por la «puerta de atrás»
En febrero de 2023, cuatro meses después, Sofía Puente modificó los formularios mediante una corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta modificación, se eliminó el requisito exclusivo de demostrar que los antepasados perdieron o renunciaron a la nacionalidad debido al exilio, permitiendo que solo fuera necesario comprobar que el padre, madre, abuelo o abuela de los solicitantes fueron originalmente españoles.
Este cambio posibilitó que miles de personas —incluyendo descendientes de emigrantes del siglo XIX— pudieran solicitar la nacionalidad española, desvinculando el proceso del objetivo inicial de reparar a las víctimas del exilio político.
Consecuencias judiciales y administrativas
La ampliación de los criterios ha tenido efectos directos sobre las elecciones y la administración de los censos. La instrucción y las órdenes remitidas a los consulados motivaron que el Tribunal Supremo decidiera suspender temporalmente el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, mientras las oficinas consulares verifican si cumplieron con los requisitos documentales relacionados con el exilio establecidos en la normativa.
Asimismo, la querella aceptada, presentada por la asociación Hazte Oír, cuestiona la legalidad de las modificaciones impulsadas por la ex directora general del Ministerio de Justicia en la ejecución de una de las leyes con mayor impacto en el registro de la nacionalidad española en el exterior.
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El conflicto surgió tras la instrucción emitida a finales de 2022 para implementar la ley aprobada por las Cortes. Mientras el texto original restringía la nacionalidad a descendientes de exiliados, los formularios y anexos oficiales remitidos inicialmente a las embajadas y consulados requerían que se acreditara esa condición.
Corrección por la «puerta de atrás»
En febrero de 2023, cuatro meses después, Sofía Puente modificó los formularios mediante una corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta modificación, se eliminó el requisito exclusivo de demostrar que los antepasados perdieron o renunciaron a la nacionalidad debido al exilio, permitiendo que solo fuera necesario comprobar que el padre, madre, abuelo o abuela de los solicitantes fueron originalmente españoles.
Este cambio posibilitó que miles de personas —incluyendo descendientes de emigrantes del siglo XIX— pudieran solicitar la nacionalidad española, desvinculando el proceso del objetivo inicial de reparar a las víctimas del exilio político.
Consecuencias judiciales y administrativas
La ampliación de los criterios ha tenido efectos directos sobre las elecciones y la administración de los censos. La instrucción y las órdenes remitidas a los consulados motivaron que el Tribunal Supremo decidiera suspender temporalmente el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, mientras las oficinas consulares verifican si cumplieron con los requisitos documentales relacionados con el exilio establecidos en la normativa.
Asimismo, la querella aceptada, presentada por la asociación Hazte Oír, cuestiona la legalidad de las modificaciones impulsadas por la ex directora general del Ministerio de Justicia en la ejecución de una de las leyes con mayor impacto en el registro de la nacionalidad española en el exterior.
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El conflicto surgió tras la instrucción emitida a finales de 2022 para implementar la ley aprobada por las Cortes. Mientras el texto original restringía la nacionalidad a descendientes de exiliados, los formularios y anexos oficiales remitidos inicialmente a las embajadas y consulados requerían que se acreditara esa condición.
Corrección por la «puerta de atrás»
En febrero de 2023, cuatro meses después, Sofía Puente modificó los formularios mediante una corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta modificación, se eliminó el requisito exclusivo de demostrar que los antepasados perdieron o renunciaron a la nacionalidad debido al exilio, permitiendo que solo fuera necesario comprobar que el padre, madre, abuelo o abuela de los solicitantes fueron originalmente españoles.
Este cambio posibilitó que miles de personas —incluyendo descendientes de emigrantes del siglo XIX— pudieran solicitar la nacionalidad española, desvinculando el proceso del objetivo inicial de reparar a las víctimas del exilio político.
Consecuencias judiciales y administrativas
La ampliación de los criterios ha tenido efectos directos sobre las elecciones y la administración de los censos. La instrucción y las órdenes remitidas a los consulados motivaron que el Tribunal Supremo decidiera suspender temporalmente el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, mientras las oficinas consulares verifican si cumplieron con los requisitos documentales relacionados con el exilio establecidos en la normativa.
Asimismo, la querella aceptada, presentada por la asociación Hazte Oír, cuestiona la legalidad de las modificaciones impulsadas por la ex directora general del Ministerio de Justicia en la ejecución de una de las leyes con mayor impacto en el registro de la nacionalidad española en el exterior.
