La organización lleva a la vía judicial la financiación pública del punto de conexión a internet al entender que podría ser utilizado por las redes que coordinaron la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
La asociación Hazte Oír ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Área de Ceuta en relación con la instalación y financiación mediante fondos públicos de un punto de acceso wifi gratuito y sin límites en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La infraestructura instalada tiene un alcance aproximado de 200 metros que llega hasta la cercana playa del Trampolín, lugar donde se encuentran asentados cientos de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas desde el 30 de julio, y que esperan ser trasladados a la península o devueltos a Marruecos.
El escrito enviado al Ministerio Público basa su acción legal en lo que considera una seria contradicción institucional por parte del gobierno central. La asociación indica que, mientras el propio Ejecutivo atribuye la organización de los saltos fronterizos a redes criminales coordinadas mediante plataformas digitales y la Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta para aclarar la posible autoría intelectual de estos hechos, el Estado facilita conectividad gratuita y sin restricciones en esa área. Según la denuncia, esta infraestructura podría favorecer las comunicaciones de los colectivos que promovieron la crisis fronteriza.
Además, la denuncia advierte que los servicios de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado en los alrededores del CETI a una decena de personas presuntamente vinculadas a corrientes del islamismo radical. La organización sostiene que ofrecer acceso a internet de alta velocidad sin controles de acceso ni identificación previa pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad de Ceuta, dado que permitiría la posible difusión de convocatorias para nuevos intentos de salto desde territorio marroquí o la coordinación para rechazar traslados oficiales a otros centros del Estado.
En términos legales, Hazte Oír observa indicios fundados de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el proceso de adjudicación e instalación de la red inalámbrica fuera de los procedimientos ordinarios. Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación urgentes para esclarecer qué autoridades ordenaron su despliegue, cuál ha sido el coste para las arcas públicas y si los responsables eran conscientes del uso que se podía dar a esta red en el contexto de la presión migratoria sobre Ceuta.
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La asociación Hazte Oír ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Área de Ceuta en relación con la instalación y financiación mediante fondos públicos de un punto de acceso wifi gratuito y sin límites en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La infraestructura instalada tiene un alcance aproximado de 200 metros que llega hasta la cercana playa del Trampolín, lugar donde se encuentran asentados cientos de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas desde el 30 de julio, y que esperan ser trasladados a la península o devueltos a Marruecos.
El escrito enviado al Ministerio Público basa su acción legal en lo que considera una seria contradicción institucional por parte del gobierno central. La asociación indica que, mientras el propio Ejecutivo atribuye la organización de los saltos fronterizos a redes criminales coordinadas mediante plataformas digitales y la Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta para aclarar la posible autoría intelectual de estos hechos, el Estado facilita conectividad gratuita y sin restricciones en esa área. Según la denuncia, esta infraestructura podría favorecer las comunicaciones de los colectivos que promovieron la crisis fronteriza.
Además, la denuncia advierte que los servicios de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado en los alrededores del CETI a una decena de personas presuntamente vinculadas a corrientes del islamismo radical. La organización sostiene que ofrecer acceso a internet de alta velocidad sin controles de acceso ni identificación previa pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad de Ceuta, dado que permitiría la posible difusión de convocatorias para nuevos intentos de salto desde territorio marroquí o la coordinación para rechazar traslados oficiales a otros centros del Estado.
En términos legales, Hazte Oír observa indicios fundados de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el proceso de adjudicación e instalación de la red inalámbrica fuera de los procedimientos ordinarios. Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación urgentes para esclarecer qué autoridades ordenaron su despliegue, cuál ha sido el coste para las arcas públicas y si los responsables eran conscientes del uso que se podía dar a esta red en el contexto de la presión migratoria sobre Ceuta.
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La organización lleva a la vía judicial la financiación pública del punto de conexión a internet al entender que podría ser utilizado por las redes que coordinaron la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
La asociación Hazte Oír ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Área de Ceuta en relación con la instalación y financiación mediante fondos públicos de un punto de acceso wifi gratuito y sin límites en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La infraestructura instalada tiene un alcance aproximado de 200 metros que llega hasta la cercana playa del Trampolín, lugar donde se encuentran asentados cientos de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas desde el 30 de julio, y que esperan ser trasladados a la península o devueltos a Marruecos.
El escrito enviado al Ministerio Público basa su acción legal en lo que considera una seria contradicción institucional por parte del gobierno central. La asociación indica que, mientras el propio Ejecutivo atribuye la organización de los saltos fronterizos a redes criminales coordinadas mediante plataformas digitales y la Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta para aclarar la posible autoría intelectual de estos hechos, el Estado facilita conectividad gratuita y sin restricciones en esa área. Según la denuncia, esta infraestructura podría favorecer las comunicaciones de los colectivos que promovieron la crisis fronteriza.
Además, la denuncia advierte que los servicios de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado en los alrededores del CETI a una decena de personas presuntamente vinculadas a corrientes del islamismo radical. La organización sostiene que ofrecer acceso a internet de alta velocidad sin controles de acceso ni identificación previa pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad de Ceuta, dado que permitiría la posible difusión de convocatorias para nuevos intentos de salto desde territorio marroquí o la coordinación para rechazar traslados oficiales a otros centros del Estado.
En términos legales, Hazte Oír observa indicios fundados de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el proceso de adjudicación e instalación de la red inalámbrica fuera de los procedimientos ordinarios. Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación urgentes para esclarecer qué autoridades ordenaron su despliegue, cuál ha sido el coste para las arcas públicas y si los responsables eran conscientes del uso que se podía dar a esta red en el contexto de la presión migratoria sobre Ceuta.
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La asociación Hazte Oír ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Área de Ceuta en relación con la instalación y financiación mediante fondos públicos de un punto de acceso wifi gratuito y sin límites en las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La infraestructura instalada tiene un alcance aproximado de 200 metros que llega hasta la cercana playa del Trampolín, lugar donde se encuentran asentados cientos de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante las entradas masivas registradas desde el 30 de julio, y que esperan ser trasladados a la península o devueltos a Marruecos.
El escrito enviado al Ministerio Público basa su acción legal en lo que considera una seria contradicción institucional por parte del gobierno central. La asociación indica que, mientras el propio Ejecutivo atribuye la organización de los saltos fronterizos a redes criminales coordinadas mediante plataformas digitales y la Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta para aclarar la posible autoría intelectual de estos hechos, el Estado facilita conectividad gratuita y sin restricciones en esa área. Según la denuncia, esta infraestructura podría favorecer las comunicaciones de los colectivos que promovieron la crisis fronteriza.
Además, la denuncia advierte que los servicios de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado en los alrededores del CETI a una decena de personas presuntamente vinculadas a corrientes del islamismo radical. La organización sostiene que ofrecer acceso a internet de alta velocidad sin controles de acceso ni identificación previa pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad de Ceuta, dado que permitiría la posible difusión de convocatorias para nuevos intentos de salto desde territorio marroquí o la coordinación para rechazar traslados oficiales a otros centros del Estado.
En términos legales, Hazte Oír observa indicios fundados de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el proceso de adjudicación e instalación de la red inalámbrica fuera de los procedimientos ordinarios. Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación urgentes para esclarecer qué autoridades ordenaron su despliegue, cuál ha sido el coste para las arcas públicas y si los responsables eran conscientes del uso que se podía dar a esta red en el contexto de la presión migratoria sobre Ceuta.
