Un escrito de la fiscal encargada del caso considera que las declaraciones realizadas por el ministro contra el guardia civil Juan Vicente Bonilla fueron efectuadas en actos vinculados al partido, por lo que la causa debe tramitarse en la jurisdicción común y no en el Tribunal Supremo.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afronta un obstáculo judicial significativo a pocos días del inicio de la precampaña electoral. Según informó la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, la Fiscalía adscrita al procedimiento iniciado tras la querella interpuesta por el guardia civil Juan Vicente Bonilla ha indicado en un escrito que el miembro del gabinete «no puede ampararse en el aforamiento por su cargo», solicitando que la investigación se lleve a cabo por la justicia ordinaria en lugar de por el Tribunal Supremo.
La disputa legal se originó tras la publicación por parte del medio digital El Plural de mensajes de una conversación mantenida durante diez años entre Bonilla y José Luis Caramés, en total 6.318 comunicaciones. La reportera explicó que en el artículo difundido se excluyeron tres frases relevantes del diálogo original, cambiando el contexto en el que ambos participantes trataban hipotéticamente la colocación de un artefacto explosivo tipo «bomba lapa». Esta edición incompleta del texto generó acusaciones públicas contra el agente del Instituto Armado por un supuesto intento de magnicidio.
Dos querellas activas y la posición del Ministerio Público
Tras la difusión de estos datos, Juan Vicente Bonilla presentó dos querellas penales distintas: una contra el medio digital El Plural por una presunta vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 390.000 euros; y otra contra el ministro Óscar López, a quien acusa de respaldar y amplificar las informaciones falsas mediante sus intervenciones públicas.
El aspecto central del dictamen del Ministerio Público, según el documento leído en el programa, está en la definición de la responsabilidad institucional del señalado. La fiscal indica que las declaraciones de López no se encuadraron en el cumplimiento estricto de sus funciones como titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, sino que formaron parte de intervenciones orgánicas realizados dentro de actos de partido. Por esta razón, el Ministerio Fiscal concluye que la competencia para investigar los hechos recae en los juzgados ordinarios de instrucción, perdiendo así el aforamiento que lo protegería ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Críticas durante el debate por las filtraciones a medios afines
La publicación del escrito fiscal suscitó un intenso debate técnico y político. Durante la mesa de análisis del programa, el periodista de investigación José María Olmo expresó duras críticas a la estrategia comunicativa del Ejecutivo, señalando un patrón frecuente en la gestión de las crisis mediáticas y judiciales que afectan al gabinete de Pedro Sánchez.
«Cada vez que se encuentra en aprietos, surgen entidades o medios afines que divulgan información falsa o manipulada», afirmó Olmo, relacionando la difusión del extracto modificado sobre la supuesta «bomba lapa» con un intento de desviar la atención de otras investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
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El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afronta un obstáculo judicial significativo a pocos días del inicio de la precampaña electoral. Según informó la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, la Fiscalía adscrita al procedimiento iniciado tras la querella interpuesta por el guardia civil Juan Vicente Bonilla ha indicado en un escrito que el miembro del gabinete «no puede ampararse en el aforamiento por su cargo», solicitando que la investigación se lleve a cabo por la justicia ordinaria en lugar de por el Tribunal Supremo.
La disputa legal se originó tras la publicación por parte del medio digital El Plural de mensajes de una conversación mantenida durante diez años entre Bonilla y José Luis Caramés, en total 6.318 comunicaciones. La reportera explicó que en el artículo difundido se excluyeron tres frases relevantes del diálogo original, cambiando el contexto en el que ambos participantes trataban hipotéticamente la colocación de un artefacto explosivo tipo «bomba lapa». Esta edición incompleta del texto generó acusaciones públicas contra el agente del Instituto Armado por un supuesto intento de magnicidio.
Dos querellas activas y la posición del Ministerio Público
Tras la difusión de estos datos, Juan Vicente Bonilla presentó dos querellas penales distintas: una contra el medio digital El Plural por una presunta vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 390.000 euros; y otra contra el ministro Óscar López, a quien acusa de respaldar y amplificar las informaciones falsas mediante sus intervenciones públicas.
El aspecto central del dictamen del Ministerio Público, según el documento leído en el programa, está en la definición de la responsabilidad institucional del señalado. La fiscal indica que las declaraciones de López no se encuadraron en el cumplimiento estricto de sus funciones como titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, sino que formaron parte de intervenciones orgánicas realizados dentro de actos de partido. Por esta razón, el Ministerio Fiscal concluye que la competencia para investigar los hechos recae en los juzgados ordinarios de instrucción, perdiendo así el aforamiento que lo protegería ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Críticas durante el debate por las filtraciones a medios afines
La publicación del escrito fiscal suscitó un intenso debate técnico y político. Durante la mesa de análisis del programa, el periodista de investigación José María Olmo expresó duras críticas a la estrategia comunicativa del Ejecutivo, señalando un patrón frecuente en la gestión de las crisis mediáticas y judiciales que afectan al gabinete de Pedro Sánchez.
«Cada vez que se encuentra en aprietos, surgen entidades o medios afines que divulgan información falsa o manipulada», afirmó Olmo, relacionando la difusión del extracto modificado sobre la supuesta «bomba lapa» con un intento de desviar la atención de otras investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
Un escrito de la fiscal encargada del caso considera que las declaraciones realizadas por el ministro contra el guardia civil Juan Vicente Bonilla fueron efectuadas en actos vinculados al partido, por lo que la causa debe tramitarse en la jurisdicción común y no en el Tribunal Supremo.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afronta un obstáculo judicial significativo a pocos días del inicio de la precampaña electoral. Según informó la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, la Fiscalía adscrita al procedimiento iniciado tras la querella interpuesta por el guardia civil Juan Vicente Bonilla ha indicado en un escrito que el miembro del gabinete «no puede ampararse en el aforamiento por su cargo», solicitando que la investigación se lleve a cabo por la justicia ordinaria en lugar de por el Tribunal Supremo.
La disputa legal se originó tras la publicación por parte del medio digital El Plural de mensajes de una conversación mantenida durante diez años entre Bonilla y José Luis Caramés, en total 6.318 comunicaciones. La reportera explicó que en el artículo difundido se excluyeron tres frases relevantes del diálogo original, cambiando el contexto en el que ambos participantes trataban hipotéticamente la colocación de un artefacto explosivo tipo «bomba lapa». Esta edición incompleta del texto generó acusaciones públicas contra el agente del Instituto Armado por un supuesto intento de magnicidio.
Dos querellas activas y la posición del Ministerio Público
Tras la difusión de estos datos, Juan Vicente Bonilla presentó dos querellas penales distintas: una contra el medio digital El Plural por una presunta vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 390.000 euros; y otra contra el ministro Óscar López, a quien acusa de respaldar y amplificar las informaciones falsas mediante sus intervenciones públicas.
El aspecto central del dictamen del Ministerio Público, según el documento leído en el programa, está en la definición de la responsabilidad institucional del señalado. La fiscal indica que las declaraciones de López no se encuadraron en el cumplimiento estricto de sus funciones como titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, sino que formaron parte de intervenciones orgánicas realizados dentro de actos de partido. Por esta razón, el Ministerio Fiscal concluye que la competencia para investigar los hechos recae en los juzgados ordinarios de instrucción, perdiendo así el aforamiento que lo protegería ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Críticas durante el debate por las filtraciones a medios afines
La publicación del escrito fiscal suscitó un intenso debate técnico y político. Durante la mesa de análisis del programa, el periodista de investigación José María Olmo expresó duras críticas a la estrategia comunicativa del Ejecutivo, señalando un patrón frecuente en la gestión de las crisis mediáticas y judiciales que afectan al gabinete de Pedro Sánchez.
«Cada vez que se encuentra en aprietos, surgen entidades o medios afines que divulgan información falsa o manipulada», afirmó Olmo, relacionando la difusión del extracto modificado sobre la supuesta «bomba lapa» con un intento de desviar la atención de otras investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
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El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afronta un obstáculo judicial significativo a pocos días del inicio de la precampaña electoral. Según informó la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, la Fiscalía adscrita al procedimiento iniciado tras la querella interpuesta por el guardia civil Juan Vicente Bonilla ha indicado en un escrito que el miembro del gabinete «no puede ampararse en el aforamiento por su cargo», solicitando que la investigación se lleve a cabo por la justicia ordinaria en lugar de por el Tribunal Supremo.
La disputa legal se originó tras la publicación por parte del medio digital El Plural de mensajes de una conversación mantenida durante diez años entre Bonilla y José Luis Caramés, en total 6.318 comunicaciones. La reportera explicó que en el artículo difundido se excluyeron tres frases relevantes del diálogo original, cambiando el contexto en el que ambos participantes trataban hipotéticamente la colocación de un artefacto explosivo tipo «bomba lapa». Esta edición incompleta del texto generó acusaciones públicas contra el agente del Instituto Armado por un supuesto intento de magnicidio.
Dos querellas activas y la posición del Ministerio Público
Tras la difusión de estos datos, Juan Vicente Bonilla presentó dos querellas penales distintas: una contra el medio digital El Plural por una presunta vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 390.000 euros; y otra contra el ministro Óscar López, a quien acusa de respaldar y amplificar las informaciones falsas mediante sus intervenciones públicas.
El aspecto central del dictamen del Ministerio Público, según el documento leído en el programa, está en la definición de la responsabilidad institucional del señalado. La fiscal indica que las declaraciones de López no se encuadraron en el cumplimiento estricto de sus funciones como titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública, sino que formaron parte de intervenciones orgánicas realizados dentro de actos de partido. Por esta razón, el Ministerio Fiscal concluye que la competencia para investigar los hechos recae en los juzgados ordinarios de instrucción, perdiendo así el aforamiento que lo protegería ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Críticas durante el debate por las filtraciones a medios afines
La publicación del escrito fiscal suscitó un intenso debate técnico y político. Durante la mesa de análisis del programa, el periodista de investigación José María Olmo expresó duras críticas a la estrategia comunicativa del Ejecutivo, señalando un patrón frecuente en la gestión de las crisis mediáticas y judiciales que afectan al gabinete de Pedro Sánchez.
«Cada vez que se encuentra en aprietos, surgen entidades o medios afines que divulgan información falsa o manipulada», afirmó Olmo, relacionando la difusión del extracto modificado sobre la supuesta «bomba lapa» con un intento de desviar la atención de otras investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
