El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la ciudadanía con el fin de respaldar políticamente el Real Decreto que regularizará la situación administrativa de medio millón de personas en España. Esta comunicación coincide con la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, fruto del acuerdo con Podemos. Sánchez justifica la iniciativa como un impulso para una «prosperidad compartida», enfrentándose a quienes generan temor, y apelando tanto a razones morales como a la viabilidad económica del sistema de pensiones.
La inmigración como elemento clave para el futuro
En la carta, Sánchez expone que la regularización no debe verse como una concesión, sino como una «necesidad» fundamental para hacer frente al envejecimiento poblacional en España. Según el presidente, sin la contribución de estos nuevos trabajadores y cotizantes, el progreso económico se ralentizaría y los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, podrían verse comprometidos de manera irreversible.
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Destaca que estas personas ya forman parte activa de la sociedad:
- En el ámbito económico: desempeñando funciones en sectores como los cuidados, la agricultura y la innovación.
- En la integración social: con hijos que conviven en las aulas y comparten el futuro con ciudadanos españoles.
- Desde el punto de vista legal: subraya que la verdadera integración requiere la regularización, que permite exigir responsabilidades a la vez que reconoce derechos.
Un respaldo social poco habitual
Sánchez señala que esta medida no surge únicamente del Ejecutivo, sino que está respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 600.000 firmas y contó con el apoyo de numerosas organizaciones. Resalta que esta regularización ha logrado unir a sectores tradicionalmente enfrentados, como la Iglesia Católica, la patronal (CEOE), los sindicatos y la sociedad civil, calificando esta convergencia como un «acontecimiento poco común» dada la actual polarización política.
Respuesta a la oposición durante visita a China
Desde su estancia oficial en Pekín, Sánchez respondió a las críticas de la derecha y ultraderecha. Al Partido Popular, que cuestiona el procedimiento del decreto, le instó a mantener «coherencia» recordando que bajo la presidencia de José María Aznar también se regularizó a medio millón de inmigrantes. En cuanto a Vox, que ha anunciado que impugnará la medida en tribunales, lamentó el uso de la inmigración como herramienta de «conflicto político».
La carta finaliza con un llamado a un patriotismo inclusivo, donde Sánchez expresa su orgullo de ser español al liderar un proceso de normalización que, según sus palabras, contribuye a construir la España «dinámica, abierta y diversa» que el país busca.
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