El Ejecutivo ha solicitado al Tribunal Supremo que no suspenda provisionalmente el proceso, señalando que los inmigrantes ya acceden a los servicios públicos y que su regularización traerá beneficios económicos gracias a las cotizaciones sociales.
MADRID – Esta semana supone un momento decisivo en la disputa judicial sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso formal ante el Tribunal Supremo para que rechace las solicitudes de suspensión cautelar de la norma presentadas por diversas administraciones y organizaciones, alertando que detener ahora esta medida podría causar un grave perjuicio al interés general.
Audiencias relevantes frente a Madrid y Vox
Este miércoles, el Tribunal Supremo celebrará cinco audiencias fundamentales para valorar las medidas cautelares requeridas por quienes se oponen al Real Decreto. Entre los demandantes se incluyen:
- La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta.
- El partido político Vox.
- Organizaciones como Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.
Otras comunidades autónomas, como Aragón y Castilla y León, también han presentado recursos, aunque no estarán presentes en las vistas programadas para esta semana.
La cuestión económica: de usuarios a contribuyentes
En el documento de oposición, al que ha accedido la Agencia EFE, la Abogacía del Estado refuta el argumento principal de los opositores: la supuesta saturación de los servicios públicos.
El Gobierno indica que conceder la residencia no implica un aumento de la demanda en sanidad o educación, ya que las personas contempladas en la medida «ya hacen uso de estos servicios». Además, se destaca que la regularización permitirá:
- Una integración social efectiva: al asegurar el pleno ejercicio de derechos.
- Un beneficio económico: el acceso legal al empleo conllevará un aumento de las cotizaciones sociales, transformando a residentes actuales en contribuyentes activos.
Atención sanitaria garantizada por la ley
En cuanto a la presión sobre el sistema de salud, el escrito recuerda que la legislación española garantiza la atención médica independientemente de la situación legal de la persona. Por tanto, el Real Decreto no modifica la carga asistencial, sino que regula la situación administrativa de quienes ya reciben cuidados sanitarios.
La importancia del calendario
La Abogacía del Estado ha planteado al Supremo la urgencia temporal. El plazo para presentar solicitudes de regularización concluye el 30 de junio. Una suspensión cautelar anularía la efectividad de la medida para miles de posibles solicitantes, privándoles de la chance de formalizar su situación antes de que expire el decreto.
El Tribunal Supremo debe decidir ahora si se impone el principio de precaución solicitado por la Comunidad de Madrid o si permite que el proceso siga adelante por su valor en la integración social y la economía nacional.
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