Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su profundo pesar por las pérdidas humanas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta, y han exigido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la dignidad de las personas.
Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su respaldo a las familias afectadas y a la población de Ceuta y Melilla.
Ambas entidades reconocen que el control fronterizo es una función legítima del Estado y que las autoridades deben asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
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UNIRME GRATIS AL CANALJuezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su profundo pesar por las pérdidas humanas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta, y han exigido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la dignidad de las personas.
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Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
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Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su profundo pesar por las pérdidas humanas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta, y han exigido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la dignidad de las personas.
Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
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Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
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Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
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Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
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Rechazo al odio y la xenofobia
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Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
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Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su profundo pesar por las pérdidas humanas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta, y han exigido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la dignidad de las personas.
Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su respaldo a las familias afectadas y a la población de Ceuta y Melilla.
Ambas entidades reconocen que el control fronterizo es una función legítima del Estado y que las autoridades deben asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
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Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su respaldo a las familias afectadas y a la población de Ceuta y Melilla.
Ambas entidades reconocen que el control fronterizo es una función legítima del Estado y que las autoridades deben asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su profundo pesar por las pérdidas humanas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta, y han exigido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la dignidad de las personas.
Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su respaldo a las familias afectadas y a la población de Ceuta y Melilla.
Ambas entidades reconocen que el control fronterizo es una función legítima del Estado y que las autoridades deben asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
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Las organizaciones califican como “serios” los sucesos que tuvieron lugar en la frontera ceutí, que han dejado al menos 72 fallecidos y un número todavía sin precisar de heridos y desaparecidos.
En un comunicado conjunto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su respaldo a las familias afectadas y a la población de Ceuta y Melilla.
Ambas entidades reconocen que el control fronterizo es una función legítima del Estado y que las autoridades deben asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben ajustarse siempre al marco constitucional y a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, justifica anteponerlo al respeto por la vida y la dignidad humana”, afirman las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los jueces y fiscales destacan que una presión migratoria elevada no anula los derechos fundamentales ni disminuye las obligaciones de un Estado democrático.
Consideran que es justo en los momentos de mayor dificultad cuando las instituciones deben fortalecer su compromiso con la legalidad y actuar de manera proporcional, sin importar el origen o situación administrativa de las personas afectadas.
El comunicado advierte también que esta crisis no debe ser usada para promover discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las organizaciones piden evitar que esta tragedia se transforme en una causa de división social o conflicto entre la población.
Una política migratoria coordinada en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo sucedido evidencia la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada a nivel de la Unión Europea.
Señalan que esta estrategia debe combinar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la vida de quienes buscan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales pueden coexistir”, defienden en su manifiesto, que también cuenta con el respaldo de organizaciones europeas de magistrados y grupos de defensa de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo con este equilibrio se podrá proporcionar una respuesta conforme a los valores constitucionales y europeos, y evitar que una crisis humanitaria derive en una mayor división social.
