Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado la realización de una huelga general para el 11 de noviembre próximo. Esta iniciativa, que está alineada con la propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), tiene como objetivo defender el derecho a la vivienda y reclamar el aumento de salarios. La fecha seleccionada se sitúa a dos días del comienzo de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, comunicó la huelga durante una entrevista en RTVE. Posteriormente, CCOO y UGT emitieron un comunicado conjunto en la tarde del miércoles para confirmar la convocatoria y su fecha.
Respaldo y críticas a la huelga
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su respaldo a la convocatoria y a la fecha seleccionada. Bolaños aclaró que «no coincide con la campaña electoral y es una fecha elegida por los sindicatos», apoyando también las razones de la protesta que demandan mejores salarios y acceso a una vivienda asequible.
Desde el sector empresarial, la huelga ha recibido críticas al considerarla con intencionalidad política y electoral. La CEOE y Cepyme han rechazado esta movilización, calificándola de «inadmisible» y acusando que pretende trasladar a las compañías el impacto de una acción de presión dirigida contra la gestión gubernamental. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió que podría ser ilegal por no fundamentarse en motivos laborales.
Razones que impulsan la huelga
Los sindicatos de inquilinas lideran esta movilización, que también cuenta con el apoyo de organizaciones como CGT, CIG, ELA, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas. La convocatoria responde al rechazo en el Congreso de los Diputados de los decretos relacionados con la vivienda, los cuales fueron posteriormente aprobados con algunas modificaciones por el Consejo de Ministros.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, destacó que la protesta no solo se centra en el tema de la vivienda, sino también en la necesidad de incrementar los salarios, especialmente ante la dificultad de avanzar en las negociaciones con la patronal CEOE. Los sindicatos hacen un llamado a las administraciones públicas y a las organizaciones empresariales para que reconozcan que los salarios deben permitir el acceso a una vivienda digna.
Por su parte, algunos sindicatos como CSIF han anunciado que no apoyarán el paro general, argumentando que tiene connotaciones políticas. No obstante, Pepe Álvarez de UGT ha defendido la legitimidad de la huelga, señalando la relación directa existente entre la vivienda y los salarios.
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