Maricarmen Abascal, mujer de 87 años que fue desalojada de su residencia en Madrid el 23 de septiembre, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el día del desahucio, según informó el Sindicato de Inquilinas. Vivía desde hace más de setenta años en un apartamento ubicado en el distrito de Retiro. Su fallecimiento ha motivado numerosas protestas en defensa de la vivienda y reacciones intensas en el ámbito político.
Respuestas políticas tras el fallecimiento de Maricarmen
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se expresó en redes sociales con un mensaje breve y contundente: “Hijos de puta”. Irene Montero, candidata de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales y diputada europea, declaró: “No se trata solo de una muerte, es un asesinato. Qué profunda rabia. Gracias por la lucha, Mari Carmen”.
El Sindicato de Inquilinas, además de comunicar su fallecimiento, lamentó el largo sufrimiento que había soportado Maricarmen. CCOO también manifestó: “Qué tristeza. Lamentamos mucho esta noticia y el sufrimiento que ha vivido Maricarmen en estos años. Un abrazo con todo nuestro cariño a los familiares y allegados”.
Decenas de personas que mantenían una acampada en la Puerta del Sol mostraron su dolor tras conocer la noticia. En declaraciones para RTVE señalaron: “La han matado los especuladores”. Otros afirmaron: “Un baño de agua, finalmente ella fue la razón por la que comenzamos todo esto”.
Aspectos claves del caso Maricarmen y el marco legal aplicable
Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre del domicilio que ocupaba desde 1956, situado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Este desalojo fue el cuarto intento, a pesar de protestas y una solicitud de medida cautelar presentada ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. No se informó públicamente ninguna causa médica específica de su fallecimiento. Tenía 87 años y permaneció hospitalizada desde la fecha del desahucio. ([es.euronews.com])
El contrato de alquiler era de renta antigua, firmado en 1956 por su padre. Tras el fallecimiento de sus progenitores, primero lo subrogó su madre y posteriormente lo hizo ella misma en 2005. Sin embargo, el arrendador argumentaba que la segunda subrogación carecía de validez legal, por lo que el contrato debía expirar. La propiedad reclamaba una renta de mercado mucho más alta (superior a 2.500 euros mensuales), frente a los aproximadamente 500 euros que abonaba Maricarmen hasta entonces. El Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad en marzo. ([es.euronews.com])
Este caso se convirtió en un punto de referencia en la crisis de acceso a la vivienda en España. El Gobierno aprobó recientemente decretos sobre vivienda que no fueron convalidados en el Parlamento, lo que ha provocado tensiones políticas. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones sociales han convocado una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, apoyada por las principales organizaciones estatales y por sindicatos en Euskadi y Galicia. ([rtve.es])
Impactos sociales y político-electorales
El desahucio de Maricarmen ya había generado manifestaciones que incluyeron acampadas masivas en la Puerta del Sol y otras plazas del país. Su figura se ha convertido en un símbolo del problema que enfrentan miles de personas para quienes la vivienda es algo más que una necesidad básica, implicando un conflicto político y jurídico. ([es.euronews.com])
Este caso también influye en el calendario electoral: el presidente del Gobierno anunció elecciones generales anticipadas tras la negativa parlamentaria a los decretos de vivienda que buscaban afrontar esta crisis. La vivienda se presenta como un tema central en la campaña electoral. ([rtve.es])
Entre los aspectos normativos actualmente en debate está la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, fundamental en controversias sobre contratos de renta antigua, las subrogaciones generacionales y los derechos históricos de los inquilinos, así como el nuevo decreto diseñado para fortalecer la protección contra los desahucios. ([abogados-madrid.es])
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