El Tribunal de Cuentas ha identificado fallos en la contratación efectuada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior, y critica en especial la repetida utilización de contratos menores para atender necesidades que considera habituales.
El órgano de supervisión determina que, de los 95 expedientes de contratos menores revisados, al menos un 30% fueron gestionados de manera “inadecuada”, según detalla un informe relativo a la contratación del programa 133A de Centros e Instituciones Penitenciarias durante los años 2023 y 2024.
El Tribunal alerta de que el uso de esta modalidad cuando deberían emplearse procedimientos regulares puede afectar a los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia que deben guiar la contratación pública.
Un 30% de los contratos menores analizados presentan deficiencias
El contrato menor está previsto legalmente para ciertas adquisiciones y servicios de importe limitado, pero el Tribunal cuestiona su aplicación en varios de los expedientes revisados.
De acuerdo con el informe, en ninguno de los contratos menores de suministros y servicios revisados figuraba en la memoria justificativa la forma en que se calculó el presupuesto.
Para los inspectores, esta falta impide verificar correctamente que no se haya alterado o fraccionado el alcance del contrato con la intención de mantenerse debajo de los límites económicos que requerirían otros procedimientos.
El órgano también encontró expedientes donde las invitaciones para que empresas presentaran ofertas se realizaron después del informe en el que el órgano de contratación ya había justificado la necesidad del contrato.
El Tribunal indica que ciertas prácticas pueden emplearse para evadir los procedimientos ordinarios y algunas obligaciones dictadas por la legislación de contratación pública.
Contratos que no cumplían todos los requisitos
La revisión también concluye que algunos contratos tramitados como menores no cumplían todos los requisitos exigidos para esta modalidad.
En determinados casos, según el informe, la elección se justificaba principalmente por la cuantía económica, pero no se acreditaban otras condiciones necesarias.
Ante estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas recomienda implementar medidas para fortalecer los controles y destaca la importancia de hacerlo dentro de acciones antifraude y de prevención de la corrupción.
Estos detalles revelan fallos y riesgos en los procedimientos administrativos, pero por sí solos no constituyen evidencia de delitos o conductas corruptas específicas.
El Tribunal examinó 168 expedientes por 123,8 millones de euros
La supervisión incluyó 168 expedientes de contratación, con un importe total de 123,8 millones de euros.
Dicha cifra representa alrededor del 45% del volumen económico dentro del ámbito inspeccionado por el Tribunal.
El análisis abarca más allá de los contratos menores y también menciona otras carencias relacionadas con la documentación, la planificación, la valoración de ofertas y el seguimiento posterior de los contratos.
Faltaba documentación en cerca de la mitad de los expedientes
Otra crítica se refiere a la información enviada por Instituciones Penitenciarias al Tribunal de Cuentas.
Según el informe, en no se remitieron de oficio todos los documentos que debían incluirse en el extracto correspondiente.
El Tribunal considera necesario mejorar este proceso para asegurar que la fiscalización se pueda llevar a cabo con toda la documentación requerida.
El Tribunal critica la ausencia de planificación anual
Entre los problemas estructurales detectados destaca la falta de una planificación eficaz de la contratación.
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Instituciones Penitenciarias no habría publicado el anuncio previo relativo a la programación de ciertos contratos sujetos a regulación armonizada ni demostrado una planificación anual suficiente, a pesar de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
El Tribunal considera que esta carencia puede afectar la concurrencia empresarial y propiciar un uso excesivo de procedimientos excepcionales relacionados con urgencias.
Además, advierte que una planificación deficiente aumenta el riesgo de fragmentación contractual, así como genera posibles duplicidades, retrasos y mayores costes.
Por ello, insta a los órganos responsables a realizar con mayor rigor las acciones necesarias para planificar con anticipación sus necesidades de contratación.
También cuestiona la valoración de ciertas ofertas
El informe llama la atención sobre ciertos procedimientos donde los criterios valorativos subjetivos tuvieron un peso mayor que el de la oferta económica.
En estos casos, el Tribunal considera que la evaluación debería estar a cargo de un comité de expertos o un organismo técnico especializado e independiente de la entidad contratante, con el fin de aumentar la objetividad del proceso.
Problemas en el seguimiento de la ejecución de los contratos
Las deficiencias no concluyen con la adjudicación.
El Tribunal de Cuentas señala que en al menos un 20% de los contratos analizados el control de la ejecución fue inexistente o se limitó a confirmar la conformidad de las facturas.
El organismo estima que este método resulta insuficiente cuando los pliegos técnicos establecen mecanismos específicos para comprobar que los servicios, suministros u obras contratados se desarrollan correctamente.
La normativa exige realizar ese seguimiento, por lo que el Tribunal solicita reforzar también esta etapa.
Respuesta de Interior a las recomendaciones del órgano fiscalizador
El informe refleja así un panorama con deficiencias en varias fases de la contratación gestionada por Instituciones Penitenciarias durante 2023 y 2024: desde la planificación y aplicación de contratos menores hasta la documentación y el control de su ejecución.
El principal reproche se centra en que ciertas necesidades habituales se gestionaron mediante contratos menores cuando, según los fiscalizadores, deberían haberse empleado procedimientos ordinarios que aportan mayor garantía en publicidad y concurrencia.
El Tribunal de Cuentas solicita ahora reforzar la planificación, justificar mejor los presupuestos, mejorar los controles y minimizar el riesgo de prácticas que permitan eludir las exigencias establecidas en la contratación pública.
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