El Ministerio de Sanidad está elaborando un cambio en la legislación que permitirá que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por vía farmacológica se realice directamente en centros de Atención Primaria. Con esta iniciativa, liderada por Mónica García, se busca descentralizar la prestación de este servicio, facilitar su acceso en el sistema público de salud y ampliar la cobertura en todas las comunidades autónomas.
Este proyecto tiene como objetivo disminuir la proporción de IVE realizadas en la red privada concertada y ofrecer una atención homogénea, que evite desplazamientos a quienes viven en zonas con un elevado número de profesionales objetores de conciencia.
Claves de la reforma en Atención Primaria
- Administración farmacológica en centros de salud: La normativa permitirá al personal sanitario de Atención Primaria prescribir y supervisar el tratamiento farmacológico durante las primeras semanas de embarazo, evitando derivaciones a hospitales o clínicas privadas.
- Integración en la red pública de salud: El principal objetivo del Ministerio es que la mayoría de las interrupciones del embarazo se realicen en la red pública, en línea con la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
- Protocolos e itinerarios asistenciales: Será necesaria la coordinación con las comunidades autónomas para definir los circuitos asistenciales, capacitar al personal sanitario y garantizar el suministro de los medicamentos para un adecuado seguimiento clínico.
- Garantía de equidad territorial: La reforma busca corregir las grandes diferencias regionales en la objeción de conciencia y asegurar que el servicio esté accesible en el nivel asistencial más próximo a la población.
Con esta modificación, Sanidad pretende consolidar la prestación en la cartera básica de Atención Primaria y reforzar la supervisión de los circuitos autonómicos de salud pública.
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