La presidenta de la Comunidad de Madrid critica a Interior por permitir las protestas en materia de vivienda y acusa al Ejecutivo central de utilizar la crisis para desviar la atención y desgastar a la administración regional.
La acampada instalada en la Puerta del Sol como protesta por la crisis habitacional ha provocado un intenso enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de no actuar conforme a la ley al no proceder al desalojo del campamento frente a la Real Casa de Correos desde la noche del sábado pasado.
Durante la inauguración del Madrid Investing Forum, Ayuso manifestó la firme «oposición» de la Comunidad a esta concentración y señaló la falta de actuación del Ministerio del Interior. La dirigente afirmó que «esto sucede cuando no existe un Estado de derecho y priman las reglas del más fuerte», y criticó que el ministerio haya confiado la gestión a la Policía Municipal en lugar de intervenir con la Policía Nacional, que ostenta la competencia directa en el asunto.
Críticas a la política de vivienda del Gobierno
En sus comentarios, Ayuso enmarcó la permisividad hacia estas protestas como parte de una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos políticos y desgastar a las administraciones del Partido Popular en Madrid ciudad y Comunidad. «Este método es conocido», explicó, y añadió con ironía que «repentinamente el Gobierno muestra interés por la vivienda» tras ocho años en el poder.
Además, rechazó que se responsabilizara a la Comunidad de Madrid por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en el distrito de Retiro que motivó las movilizaciones, defendiendo que «aquí se gestionan mejor estas situaciones» y destacando que «por cada lanzamiento en Madrid hay cinco en Cataluña». Según ella, el problema surge porque el Ejecutivo central no ha legislado con suficiente rigor en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este desencuentro entre administraciones ocurre a pocas horas de que venza el plazo establecido por los grupos acampados para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo conjunto de medidas relacionadas con el alquiler.
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La acampada instalada en la Puerta del Sol como protesta por la crisis habitacional ha provocado un intenso enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de no actuar conforme a la ley al no proceder al desalojo del campamento frente a la Real Casa de Correos desde la noche del sábado pasado.
Durante la inauguración del Madrid Investing Forum, Ayuso manifestó la firme «oposición» de la Comunidad a esta concentración y señaló la falta de actuación del Ministerio del Interior. La dirigente afirmó que «esto sucede cuando no existe un Estado de derecho y priman las reglas del más fuerte», y criticó que el ministerio haya confiado la gestión a la Policía Municipal en lugar de intervenir con la Policía Nacional, que ostenta la competencia directa en el asunto.
Críticas a la política de vivienda del Gobierno
En sus comentarios, Ayuso enmarcó la permisividad hacia estas protestas como parte de una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos políticos y desgastar a las administraciones del Partido Popular en Madrid ciudad y Comunidad. «Este método es conocido», explicó, y añadió con ironía que «repentinamente el Gobierno muestra interés por la vivienda» tras ocho años en el poder.
Además, rechazó que se responsabilizara a la Comunidad de Madrid por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en el distrito de Retiro que motivó las movilizaciones, defendiendo que «aquí se gestionan mejor estas situaciones» y destacando que «por cada lanzamiento en Madrid hay cinco en Cataluña». Según ella, el problema surge porque el Ejecutivo central no ha legislado con suficiente rigor en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este desencuentro entre administraciones ocurre a pocas horas de que venza el plazo establecido por los grupos acampados para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo conjunto de medidas relacionadas con el alquiler.
La presidenta de la Comunidad de Madrid critica a Interior por permitir las protestas en materia de vivienda y acusa al Ejecutivo central de utilizar la crisis para desviar la atención y desgastar a la administración regional.
La acampada instalada en la Puerta del Sol como protesta por la crisis habitacional ha provocado un intenso enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de no actuar conforme a la ley al no proceder al desalojo del campamento frente a la Real Casa de Correos desde la noche del sábado pasado.
Durante la inauguración del Madrid Investing Forum, Ayuso manifestó la firme «oposición» de la Comunidad a esta concentración y señaló la falta de actuación del Ministerio del Interior. La dirigente afirmó que «esto sucede cuando no existe un Estado de derecho y priman las reglas del más fuerte», y criticó que el ministerio haya confiado la gestión a la Policía Municipal en lugar de intervenir con la Policía Nacional, que ostenta la competencia directa en el asunto.
Críticas a la política de vivienda del Gobierno
En sus comentarios, Ayuso enmarcó la permisividad hacia estas protestas como parte de una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos políticos y desgastar a las administraciones del Partido Popular en Madrid ciudad y Comunidad. «Este método es conocido», explicó, y añadió con ironía que «repentinamente el Gobierno muestra interés por la vivienda» tras ocho años en el poder.
Además, rechazó que se responsabilizara a la Comunidad de Madrid por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en el distrito de Retiro que motivó las movilizaciones, defendiendo que «aquí se gestionan mejor estas situaciones» y destacando que «por cada lanzamiento en Madrid hay cinco en Cataluña». Según ella, el problema surge porque el Ejecutivo central no ha legislado con suficiente rigor en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este desencuentro entre administraciones ocurre a pocas horas de que venza el plazo establecido por los grupos acampados para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo conjunto de medidas relacionadas con el alquiler.
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La acampada instalada en la Puerta del Sol como protesta por la crisis habitacional ha provocado un intenso enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de no actuar conforme a la ley al no proceder al desalojo del campamento frente a la Real Casa de Correos desde la noche del sábado pasado.
Durante la inauguración del Madrid Investing Forum, Ayuso manifestó la firme «oposición» de la Comunidad a esta concentración y señaló la falta de actuación del Ministerio del Interior. La dirigente afirmó que «esto sucede cuando no existe un Estado de derecho y priman las reglas del más fuerte», y criticó que el ministerio haya confiado la gestión a la Policía Municipal en lugar de intervenir con la Policía Nacional, que ostenta la competencia directa en el asunto.
Críticas a la política de vivienda del Gobierno
En sus comentarios, Ayuso enmarcó la permisividad hacia estas protestas como parte de una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos políticos y desgastar a las administraciones del Partido Popular en Madrid ciudad y Comunidad. «Este método es conocido», explicó, y añadió con ironía que «repentinamente el Gobierno muestra interés por la vivienda» tras ocho años en el poder.
Además, rechazó que se responsabilizara a la Comunidad de Madrid por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en el distrito de Retiro que motivó las movilizaciones, defendiendo que «aquí se gestionan mejor estas situaciones» y destacando que «por cada lanzamiento en Madrid hay cinco en Cataluña». Según ella, el problema surge porque el Ejecutivo central no ha legislado con suficiente rigor en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este desencuentro entre administraciones ocurre a pocas horas de que venza el plazo establecido por los grupos acampados para que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo conjunto de medidas relacionadas con el alquiler.
















