La dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta ha acabado por debilitar la estrategia que Moncloa trató de sostener durante dos meses, centrándose la atención de la crisis política y judicial directamente en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según el análisis de Carmen Morodo en La Razón, la salida del delegado, que se produjo tras la renuncia de su jefe de Gabinete y justo antes de declaraciones decisivas en la Audiencia Nacional, desmantela la hipótesis del error local y pone al descubierto la cadena de mando en Madrid.
La pesquisa judicial que encabeza la jueza María Tardón busca no sólo esclarecer el origen de la entrada masiva, sino también reconstruir cómo respondió la Administración central: qué alertas se recibieron, quién las gestionó y por qué no se incrementó el dispositivo de seguridad.
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Claves del cerco judicial y operativo sobre Interior
- Avisos previos de Inteligencia: Documentos desclasificados confirman que el CNI notificó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno acerca de una convocatoria masiva para atravesar la frontera por la valla y el mar. Mientras el delegado saliente minimizó estas alertas, calificándolas de intercambios informales que desconocía, su antiguo jefe de Gabinete certificó por escrito que le informó directamente y que también se enviaron comunicaciones a los ministerios correspondientes.
- Dependencia funcional y competencias: Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las responsabilidades en materia de seguridad y el despliegue de refuerzos de la Policía Nacional y Guardia Civil dependen funcionalmente del Ministerio del Interior, no de las gestiones autonómicas o territoriales.
- Requerimientos de la Audiencia Nacional: La magistrada ha solicitado a Interior, la Delegación, Policía, Guardia Civil y Defensa el registro completo de correos electrónicos, órdenes de servicio y decisiones operativas adoptadas antes y después del 30 de julio. Además, se añade la actuación de la Fiscalía de Ceuta para dilucidar posibles fallos en la prevención y respuesta.
La salida de Pérez Triano compromete la posición de Marlaska ante la investigación penal, mientras Moncloa procura evitar la destitución del ministro para no admitir un fallo estructural en el manejo de la frontera.
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