La empresa dueña del inmueble en el que residía Maricarmen —la mujer de 87 años que fue desahuciada recientemente en el distrito madrileño de Retiro— ha señalado públicamente al Sindicato de Inquilinas como responsable de impedir las negociaciones para encontrar una solución habitacional. La sociedad Urbagestión Desarrollo e Inversión SL afirma que la actuación de esta organización social ha impedido llegar a un acuerdo y denuncia haber sido objeto de una campaña de «acoso e injurias».
Ante esta situación, la propiedad ha decidido trasladar el conflicto a los tribunales a través de una querella por posibles delitos de coacciones, revelación de secretos y vulneración del derecho al honor.
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Controversias legales y posturas enfrentadas
- Demanda judicial contra el sindicato: La empresa solicita una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios y exige también una disculpa pública por escrito. Señalan que el colectivo hizo públicos los datos personales de sus administradores y la dirección de correo electrónico en redes sociales, negando de forma tajante el calificativo de «fondo buitre».
- Reproches por obstaculización: Según la propiedad, el Sindicato de Inquilinas habría rechazado las propuestas planteadas para resolver el caso, dando prioridad a la movilización pública en lugar de a un acuerdo entre las partes.
- Respuesta del Sindicato de Inquilinas: Voceros de la organización confirmaron que asistieron a un acto de conciliación previo que no prosperó, al negarse a retractarse de sus críticas. El colectivo sostiene que su intervención se limitó a dar visibilidad al desahucio de una inquilina vulnerable y añaden que están a la espera de que se establezca la fecha para el juicio.
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