El Tribunal Supremo examina hoy a altos cargos del Gobierno y de Correos para esclarecer si la adquisición de una vivienda en Cádiz para el exministro constituyó un pago por favores empresariales.
Esta semana, el Tribunal Supremo aborda la fase final de las declaraciones en el proceso judicial contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La sesión de este martes es considerada especialmente relevante para las acusaciones, que pretenden vincular las adjudicaciones públicas relacionadas con mascarillas y licencias de hidrocarburos con beneficios personales para Ábalos.
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Relación entre Villafuel y la vivienda en Cádiz
Entre los testimonios destacados está el de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. La fiscalía centrará su atención en una supuesta reunión entre Díaz Bidart y los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, con el objetivo de agilizar la concesión de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.
Este testimonio se considera clave para la tesis de que la compra de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) —posteriormente utilizado por Ábalos— no fue una mera transacción inmobiliaria, sino un beneficio o «mordida» entregado por la red a cambio de facilitar la licencia como operador de combustible.
Cuestiones sobre contratos en Correos e Interior
En la jornada también declararán Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Ambos responderán por la adjudicación de contratos millonarios a Soluciones de Gestión, empresa central de la trama.
- Correos: Se investiga un contrato por valor de 1,2 millones de euros.
- Ministerio del Interior: El interrogatorio se concentrará en una adjudicación de 3,4 millones de euros.
Los magistrados intentan determinar si hubo instrucciones jerárquicas o presiones políticas para que estas entidades contrataran preferentemente con la compañía relacionada con Víctor de Aldama durante los momentos más críticos de la pandemia.
Declaraciones sobre entregas de dinero en efectivo
La sesión incluirá también la declaración de Francisco Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia (Air Europa), y de la secretaria de Aldama. Hidalgo será interrogado respecto a las contundentes afirmaciones de las empresarias Leonor y Carmen Pano, quienes indicaron que el comisionista les informó que Juan José Hidalgo, padre de Javier, entregó 500.000 euros en efectivo a Aldama y Koldo García en su domicilio.
Finalmente, comparecerá el guardia civil Rubén Villalba, investigado por una presunta colaboración con la red, cerrando una jornada clave para esclarecer la compleja red de influencias que, según la acusación, giraba en torno al Ministerio de Transportes.
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