El director del CICPC confirma la destitución inmediata de los agentes captados en vídeo en La Guaira apropiándose de cerca de 10.000 dólares durante las labores de rescate
Cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron arrestados en Venezuela tras ser señalados de apropiarse de dinero oculto entre los restos de edificios colapsados por los recientes terremotos. Estas acciones fueron registradas por ciudadanos en el edificio Vallarta de Playa Grande, ubicado en La Guaira, zona más afectada por los sismos. Las autoridades policiales han gestionado la expulsión definitiva de los implicados, quienes serán puestos a disposición judicial conforme a la ley.
La intervención de los habitantes de la zona fue fundamental para esclarecer el incidente. Varias personas que residen en el área reprendieron la conducta de los agentes y los confrontaron directamente, incluso llegando a romper los billetes que uno de los policías tenía en su poder. Las grabaciones muestran cómo un grupo de residentes rodea a un agente del CICPC gritando «¡Suéltalo, devuélvelo!» y «¡Suéltalo que lo vamos a romper!». El policía llevaba una bolsa de plástico con billetes de 100 dólares, suma que los vecinos estimaron en aproximadamente 10.000 dólares, cantidad que lograron recuperar durante el altercado.
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Una vez realizada la denuncia pública y entregado el material audiovisual proporcionado por testigos, la dirección general del CICPC actuó automáticamente para asumir responsabilidades. Douglas Rico, director del cuerpo policial, condenó enérgicamente el proceder de los involucrados: «Estos funcionarios, desviándose de sus obligaciones y aprovechando las tareas de rescate y ayuda humanitaria, actuaron de forma inapropiada al apropiarse de bienes económicos encontrados entre los escombros», declaró. Además, confirmó la «separación definitiva e irrevocable» de sus cargos y anunció que se ha abierto un proceso disciplinario interno para formalizar su destitución.
Este episodio ha generado una reacción firme en el Ejecutivo venezolano. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores agradeció a la población civil por denunciar las irregularidades con «valentía y responsabilidad». Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como acciones «indecentes, inmorales y reprobables», asegurando que los involucrados enfrentarán las consecuencias penales que establece la ley. Cabello subrayó que las autoridades mantendrán una política de tolerancia cero hacia aquellos que utilicen el uniforme para cometer delitos que atenten contra la ética y las buenas prácticas, aplicando sanciones más severas cuando estos hechos ocurran en contextos de grave crisis social y sufrimiento colectivo.
El aumento de la delincuencia en las áreas afectadas por los terremotos también ha generado críticas políticas. El partido opositor Primero Justicia condenó el «aprovechamiento de ciertos funcionarios del régimen», indicando que, en lugar de cumplir con su compromiso de proteger a la población, buscaron beneficios personales en medio de la tragedia.
Este hecho no es aislado en las zonas afectadas, donde ya se han reportado previamente saqueos de dispositivos electrónicos y televisores en viviendas dañadas. De hecho, en una operación relacionada con este tipo de conductas delictivas, seis miembros del CICPC adscritos a la Subdelegación de San José de Barlovento fueron detenidos bajo sospecha de sustraer materiales en hogares afectados por los sismos.
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