MADRID — Este miércoles, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la sede de EDA TV, el canal digital donde colabora el conocido activista y agitador digital Vito Zoppellari Quiles, también conocido como Vito Quiles, portando una orden judicial de búsqueda y captura. En ese momento, Quiles no se encontraba en la oficina madrileña situada en la calle Lagasca. Hasta ahora no se ha informado oficialmente de cuál de las numerosas causas penales abiertas contra Quiles justifica esta orden de detención.
Más tarde, Quiles confirmó en sus redes sociales la orden judicial, inicialmente con un tono irónico, y luego difundió un vídeo en el que anuncia expresamente que no piensa entregarse a las autoridades, atribuyendo esta acción a una supuesta persecución política por parte del Gobierno.
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La defensa califica la actuación como «desproporcionada»
Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista de Quiles, ratificó la existencia de la orden de búsqueda y captura, aunque consideró la actuación como un «despropósito» y una «medida desmesurada». Añadió que la notificación podría haberse hecho directamente a la defensa, al procurador o en el domicilio particular de su cliente, en lugar de efectuarla en el lugar de trabajo.
Asimismo, Ospina reconoció no saber cuál de las cinco causas penales simultáneas que enfrenta Quiles ha motivado la orden de detención emitida por el juzgado.
Situación judicial de Vito Quiles: Casos pendientes
El activista digital se enfrenta a varios procesos judiciales en diferentes juzgados españoles:
- Delito de odio: La Fiscalía pide para él dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer el periodismo, tras un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que protestaba en Madrid en 2024.
- Injurias y calumnias: En Sevilla, un juzgado investiga a Quiles tras una querella presentada por Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La acusación particular solicita nueve años de cárcel por calumnias continuadas con agravante de odio ideológico, aunque el propio querellante aclaró en redes sociales que la actual orden de detención no está relacionada con este caso.
- Revelación de secretos y acoso: En Madrid está procesado por difundir en redes sociales la dirección y fotografías de la residencia de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, luego de un apagón masivo ocurrido en 2025.
- Presunta estafa a Renfe: En Alicante, un juzgado instruye un proceso penal iniciado por la compañía ferroviaria, que acusa a Quiles de utilizar repetidamente billetes parciales para realizar trayectos completos, acceder sin autorización a salas VIP y de ocasionar daños reputacionales a la empresa.
Casos archivados: En los últimos meses, se han cerrado tres denuncias contra Quiles: una por un supuesto incidente con Begoña Gómez en un restaurante, otra por presunto acoso a una analista cerca del Senado, y una tercera por un mensaje en redes dirigido a Donald Trump acompañado de una foto aérea de La Moncloa.
Antecedentes de sanciones institucionales
Esta orden judicial se suma al historial de sanciones administrativas que Quiles ha recibido en el ámbito público. En mayo pasado, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró la acreditación de prensa durante tres meses tras grabar sin permiso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en áreas restringidas del Congreso. Esta sanción se añadió a la suspensión cautelar que ya tenía, junto al también activista Bertrand Ndongo, por reiterados incidentes en sedes parlamentarias.
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