El inicio de la fase presencial del proceso comienza con largas colas y críticas severas de los municipios, que denuncian haber recibido la orden de validar certificados de vulnerabilidad en una carta enviada el viernes a última hora.
La puesta en marcha de la fase presencial para la regularización extraordinaria de inmigrantes provocó este lunes una situación complicada en las principales ciudades de España. Algunas estimaciones, como la de Funcas, elevan ya la cifra de beneficiarios a 800.000 personas, superando las 500.000 inicialmente previstas. Los servicios municipales no han podido hacer frente a la elevada demanda de solicitudes.
El «viernes negro» de la FEMP
El malestar en los ayuntamientos comenzó la tarde del pasado viernes. A las 17:38 horas, la Secretaría de Estado de Migraciones, bajo la dirección de Pilar Cancela, envió una carta urgente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ella, el Gobierno solicitaba la colaboración de los ayuntamientos para la validación de certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para quienes no pueden presentar una oferta laboral.
Los consistorios critican que se les encargó esta tarea sin aviso previo, sin preparación adecuada para sus técnicos y sin asignación de recursos adicionales. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, calificó la gestión como «una verdadera improvisación» y apuntó que la notificación se recibió justo antes del fin de semana, a pocas horas de la llegada masiva de personas a los ayuntamientos.
Madrid y Valencia: puntos críticos del bloqueo
Durante la mañana se vivieron escenas de gran tensión:
- En Madrid: Las oficinas de registro en la Ronda de Toledo registraron largas filas. El concejal de Políticas Sociales, José Fernández, señaló que las peticiones diarias aumentaron de 1.500 a 5.500. Fernández criticó que se solicite a los funcionarios certificar vulnerabilidades «sin verificar la información», al no contar con herramientas para comprobar los datos.
- En Valencia: El Ayuntamiento tuvo que suspender la recepción de solicitudes a mediodía para evitar una saturación total, lo que provocó un aumento de personas que acudieron a ONG como Valencia Acoge, que también están desbordadas.
El certificado de vulnerabilidad: la clave del problema
El decreto contempla tres vías para conseguir la residencia, pero es el certificado de vulnerabilidad el que está causando el bloqueo. Aunque la ministra Elma Saiz afirma que «la situación irregular ya implica una vulnerabilidad», el trámite precisa una entrevista y verificación de datos que los servicios sociales, saturados, no pueden efectuar de inmediato.
«Agradecemos la colaboración… puesto que sin ella no podremos lograr que este proceso sea tan ágil como se espera», expresaba la carta enviada desde el Ministerio, una frase que en los ayuntamientos gobernados por el PP se ha recibido como una falta de consideración ante la carencia de medios.
Conflicto político alrededor del empadronamiento
La incidencia administrativa ha saltado rápidamente al ámbito político. El Partido Popular anunció la presentación de mociones en más de 8.000 municipios para criticar la gestión del Gobierno. Alcaldesas como Catalá han sugerido que ayuntamientos socialistas estarían derivando inmigrantes a otras localidades para evadir la tramitación de «empadronamientos especiales». Por otro lado, desde el PSOE acusan a los gobiernos del PP de «cerrar las puertas» por motivos ideológicos y reclaman una rectificación urgente.
Con el proceso presencial abierto hasta el 30 de junio, la creciente demanda sobre los servicios sociales públicos amenaza con prolongar el colapso que apenas comienza.
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