MADRID / ROMA – La Iglesia católica española continúa protegida por una barrera de silencio en torno al grave problema de los abusos sexuales a menores. Una profunda investigación de EL PAÍS, que se ha prolongado por ocho años desde 2018 recogiendo múltiples testimonios, revela la implicación directa de la jerarquía eclesiástica: un total de 94 altos cargos —entre ellos 61 obispos y siete cardenales— han sido señalados por ocultar sistemáticamente casos de pederastia en sus diócesis y órdenes religiosas a lo largo de varias décadas.
El análisis de la información confirma que la estructura de la Iglesia mantiene inalteradas sus prácticas de opacidad y resistencia frente a estos escándalos. Con el fin de verificar la gestión interna de las denuncias, este diario contactó con 211 entidades (diócesis y congregaciones religiosas) formulándoles preguntas concretas acerca del tratamiento de las acusaciones. La respuesta fue clara: únicamente tres aceptaron responder de forma completa, lo que demuestra que el hermetismo institucional persiste y se ha agravado.
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Bajo la sombra de la visita del Papa
Este diagnóstico sobre la impunidad se produce en un momento de especial sensibilidad eclesiástica, coincidiendo con la próxima visita oficial del papa León XIV a España. La difusión de la lista de implicados impacta en la organización del viaje pontificio, dado que entre los señalados por presuntamente haber silenciado denuncias está el actual arzobispo de Barcelona y cardenal, Juan José Omella, quien desempeña un papel clave como anfitrión principal durante las actividades del Santo Padre en territorio español.
A pesar del sólido apoyo popular que el papa León XIV conserva en España por sus posiciones en temas sociales y geopolíticos (como su clara oposición a guerras), la gestión interna de su Iglesia en el país recibe una valoración negativa. Según una encuesta realizada por 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, más de la mitad de los españoles considera que la Iglesia continúa encubriendo casos de pederastia, y solo un reducido 8% cree que los obispos han actuado con transparencia suficiente en la gestión de este problema.
El flujo constante de un archivo histórico
Durante estos ocho años, las investigaciones periodísticas iniciadas a partir de un buzón de denuncias abierto para las víctimas han logrado recopilar un volumen considerable: más de 3.000 víctimas y al menos 1.613 acusados en España. Aunque en abril la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconoció por primera vez la existencia de cerca de mil clérigos implicados en abusos, las asociaciones de víctimas reclaman que las medidas de reparación son insuficientes y avanzan con lentitud.
El reclamo de las víctimas continúa vigente. Mientras la cúpula eclesiástica se dispone a recibir al Pontífice en un clima de aparente normalidad institucional, las víctimas demandan que se levante el secreto sobre los archivos diocesanos y que el papa León XIV repruebe con firmeza la conducta de los 68 prelados asociados al encubrimiento de estos delitos. «Espero que el Papa emita un reproche público a los obispos», expresó una víctima participante en la investigación, reflejando el sentir de un colectivo que sigue chocando con el prolongado silencio de la mayoría de los obispados españoles.
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