La jueza del Juzgado de Primera Instancia de Catarroja, responsable de la investigación sobre la gestión de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, ha decidido este jueves anular la declaración testimonial del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, previamente establecida.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comunicó que esta resolución se tomó un día después de que la Audiencia de Valencia estimara el recurso presentado por Mazón, aceptando formalmente su personación en el proceso judicial.
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial fundamentó esta aceptación al considerar que aún restan diligencias investigativas pendientes que podrían proporcionar información relevante para una posible inculpación futura del expresidente y actual diputado autonómico del Partido Popular.
Cambio de estatus legal: de testigo a parte personada
Al modificar su situación dentro del procedimiento, la magistrada sostiene en la resolución que mantener la citación con la condición de testigo es incompatible con las garantías procesales que ahora corresponden a Mazón. Según los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el exjefe del Ejecutivo autonómico adquiere derechos procesales que no tiene un testigo común.
Mientras que un testigo está obligado legalmente a decir la verdad bajo pena de falso testimonio, Mazón, en su nueva condición, cuenta con derechos fundamentales como guardar silencio, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable y abstenerse de responder preguntas específicas. También tiene derecho a ser informado con detalle sobre cualquier hecho que se le atribuya durante la investigación.
Asimismo, la secretaria judicial ha emitido este jueves una diligencia ordenando su personación formal y notificando esta resolución a las demás partes implicadas en el proceso.
Una declaración sin fecha pactada
La citación de Mazón como testigo fue acordada inicialmente por la jueza el 24 de marzo, aunque nunca se fijó día ni hora para la comparecencia.
En los primeros días de mayo, la defensa de Mazón envió al juzgado de Catarroja un escrito señalando que esperaban que la Audiencia de Valencia determinara su estatus procesal (si debía declarar como testigo o investigado) antes de proceder a entregar voluntariamente los registros de llamadas y mensajes requeridos por la jueza.
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